El dirigente sindical Hugo Moyano y su familia están en problemas.
La Justicia Federal investiga si el secretario general del sindicato de Choferes de Camiones es el autor intelectual de una “ingeniería empresarial” que le habría permitido a él y a su familia vaciar la obra social de camioneros sustrayéndole recursos por más de $ 570 millones en un tiempo récord de 18 meses.
En la misma maniobra también se busca determinar si puede constatarse el delito de lavado de dinero. Justamente, el trabajo de investigación comenzó a partir de cuatro registros de operaciones sospechosas de lavado de activos que bancos le remitieron a la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de José Sbatella, cumpliendo con la normativa legal vigente.
El dirigente sindical está sospechado de vaciamiento y presunto lavado.
En ellas estarían involucradas cuentas bancarias pertenecientes a la Asociación de Camioneros, a la Obra Social de Camioneros y a las empresas prestatarias Iarai S.A., Aconra S.A y Dixey S.A.
De acuerdo a lo que explicó en off the record una fuente judicial que conoce de cerca el caso, “la maniobra consistía en que la obra social contrataba a prestadoras cuyo manejo gerencial estaba a cargo de la esposa de Hugo Moyano, Liliana Zulet, su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros; la hija de su esposa, Valeria Salerno; el esposo de Salerno, Christian Asorey; y el suegro de Salerno, Vicente Asorey. “Hasta ahora -agregó la fuente- el dato que tenemos es que el sindicato financió a la obra social de camioneros que contrataba a las prestadoras y luego esa plata ingresaba en el patrimonio de la familia Moyano. Se verificó un vaciamiento de la obra social y un enriquecimiento de las prestadoras que forman parte de la familia del camionero.
En otras palabras, el dinero salía de las obras sociales, financiada por el propio sindicato de Camioneros, e ingresaba a cuentas bancarias que tenían los familiares de Moyano a través de las empresas prestatarias que contrataba la propia obra social.
Una vez conocida la información, José Sbatella le envió la misma con carácter de urgencia al área de Delitos contra la Administración Pública de la Procuradoría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para que la evaluara.
Este organismo a su vez la remitió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 y la adjuntó como prueba en la causa cuya caratula es “Moyano, Hugo s/delito de acción pública”, expediente a cargo de Claudio Bonadío del Juzgado Federal Nº11.
Esta causa contra Hugo Moyano se abrió a partir de una denuncia que hizo a fines del 2011 la diputada nacional Graciela Ocaña, quien ahora mantiene una buena relación política con el dirigente camionero.
La UIF remitió pruebas que son analizadas en el expediente que trata el juez Bonadío
Las cuatro operaciones sospechosas de la familia Moyano –precisó la PROCELAC– involucran un monto aproximado de más de $ 570 millones por tres de ellas, y más de 540 mil pesos en la cuarta, y habrían tenido lugar entre los meses de marzo de 2011 a octubre de 2012.
En el informe, la UIF señala la existencia de una “ingeniería empresarial” en la que parte de los fondos que salieron de la Obra Social de Choferes de Camiones (OSCHOCA) y del sindicato, “habrían retornado al grupo familiar de Moyano a través de esas compañías, que se encuentran dirigidas por personas de su entorno” mencionadas anterioremente.
La PROCELAC explicó que el envío de la documentación de la UIF se realizó “para que el fiscal federal interviniente pueda evaluar si correspondía ampliar el objeto procesal de esa causa, por los hechos que surgen de los reportes de operaciones sospechosas”.
Sin embargo, todavía resta determinar si estas supuesta maniobra defraudatoria sólo se extendió durante los 18 meses denunciados por los cuatro registros de operaciones sospechosas o en realidad comenzaron mucho antes y continuaron después.
“La maniobra que involucra a la familia Moyano muestra un grado de desprolijidad tal que refleja el grado de impunidad del que gozó Moyano, si no en lugar de colocar a su esposa (Liliana Zulet) como administradora de las prestatarias que vaciaron a la obra social, hubiese colocado a otra persona a cargo, como lo han hecho otros sindicalistas involucrados en hechos similares”, explicó la fuente judicial.
La situación judicial de Moyano, que se mantuvo prácticamente congelada durante el último año, ahora se complica porque a prima facie la maniobra de vaciamiento estaría casi comprobada con la documentación que presentaron las entidades financieras, en donde queda en evidencia la maniobra de vaciamiento que sufrió la obra social. Y que el destino final de ese dinero son cuentas bancarias que están a nombre del clan familiar de Hugo Moyano.
Alerta por un bloqueo a lavaderos
Las empresas que integran la cámara de lavaderos industriales acataron ayer la resolución de la Cámara Nacional del Trabajo y liquidaron los salarios de su personal dependiente hasta tanto se dicte la sentencia definitiva.
Por eso, según comunicó ayer el Ministerio de Trabajo, “la ratificación de las medidas realizadas por la entidad sindical (Camioneros) carecen de todo sustento legal y su conducta pone en grave riesgo la salud de la población ya que están provocando con el bloqueo de los establecimientos un verdadero colapso sanitario, sin importarles los daños que ocasionan por su conducta irracional”.
En esa línea, la cartera que encabeza Carlos Tomada decidió tomar medidas e intimar al sindicato “a cesar en forma inmediata en su accionar ilegítimo, en perjuicio de quienes nada tienen que ver con los reclamos que formulan”.
Además, Trabajo apuntó que “el conflicto intersindical que afecta a los trabajadores de esta actividad puede y debe resolverse ante la justicia, ya que es la instancia que debe pronunciarse sobre el tema, sin recurrir a métodos que han sido condenados por la sociedad”.
Nota de Tiempo Argentino
