“Si yo le dijera que hay un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país, ¿Usted qué diría? Sí, es esto”. “Esto” es la mesa judicial, el armado de causas o carpetazos contra dirigentes políticos, sindicales y también miembros del Poder Judicial. Quien lo dice es el excamarista federal de Comodoro Py Jorge “Paty” Ballestero, quien renunció en mayo de 2018 en medio de una ofensiva lanzada en su contra por el gobierno de Mauricio Macri después que firmara el fallo que excarceló a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, accionistas del Grupo Indalo. Ballestero, que nunca fue afecto a hablar públicamente, esta vez decidió hacerlo en una entrevista en la AM750.

Su descripción de la mesa judicial, además, fue acompañada por un paralelismo con los métodos del terrorismo de Estado. Todo lo que se vio en los años del gobierno de Cambiemos, dijo, tenía como objetivo “garantizar la impunidad”. “Se quedaron con los cargos (judiciales y de ministerio público fiscal) para eso”, dijo. Ahora, como abogado, representa a Alberto Pérez en su denuncia en la causa de la “Gestapo” macrista. Sobre él mismo, sospecha, obtuvieron información ilegalmente a través del Ministerio de Seguridad bonaerense.

–¿En qué consiste la presentación judicial que hizo con el exjefe de gabinete bonaerense, Alberto Pérez, en la causa por persecución a distintos dirigentes? 

–Alberto Pérez nos había convocado a mi socio y a mí por el armado de causas que había sufrido él, que lo tenía bastante mal y amargado, a él y a su familia, después de haber sufrido allanamientos. Mi socio (Pablo Slonimsqui) es un especialista en forum shopping y bastante estaba ocurriendo en la provincia. Estábamos haciendo un análisis de las causas y hace unos días aparece Pérez con una escucha que había salido en Página/12 por la que consultaron, del comisario (Hernán) Casassa. Casassa es un comisario que había ingresado a su casa en el allanamiento. Este hombre describía una organización ilícita conformada por las más altas autoridades de la provincia: gobernadora, ministros, secretarios, con la participación de funcionarios nacionales, gente de la AFI, y ahí nos cerró todo. Pensamos que era hora de judicializarlo y, bueno, hicimos la presentación como particular damnificado y pedimos que se lo tuviera como querellante. Ese es el impulso que tratamos de dar desde el lado del perjuicio que ha sufrido Alberto Pérez y la persecución que sufrió.

–Nos podría explicar bien cómo era el circuito que ustedes describen como ilegal de recolección de información para armar causas.  

–En el caso particular de Pérez, le habían hecho un seguimiento desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con pedidos de informes de Nosis (patrimoniales). Han seguido a más de 1500 personas que le pedían Nosis aparentemente sin orden judicial o amañadas por algún magistrado, fiscal o juez que habrá de determinarse. Ya sabemos que en el juzgado de garantías 1 procesaron a Guillermo Berra, que era un funcionario de la policía de la provincia, y a su pareja por hechos similares. Hacían inteligencia paraestatal, una cosa grotesca. El caso concreto de Alberto Pérez es lo que escenifica perfectamente lo que estaban haciendo las máximas autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es lo que hicieron también con la UOCRA, con otros magistrados que no se acomodaban a los intereses de la gobernadora o con funcionarios de la provincia. Esto es lo que presentamos y pedimos que se investigue. Además, con la participación de los funcionarios nacionales. Es donde se van atando las dos mesas judiciales que tanto se habla. La mesa judicial que se vio escandalosamente en el Banco Provincia, un prófugo en Uruguay (Fabián “Pepín” Rodríguez Simón) y un futuro senador cuando jure (José Torello) y otros personajes.

–La mesa judicial nos lleva a preguntarle por el momento de su renuncia a la Cámara Federal en 2018, después de otorgar la excarcelación a López y De Sousa, cuando Macri se quejó: “no era lo acordado”.  

–Yo nunca supe bien con quién acordó algo, si bien he leído sobre un montón de visitas (de jueces) que recibía el expresidente, yo no lo conozco. Lo conocí en el gimnasio, íbamos al mismo gimnasio, en realidad cuando no era presidente. La verdad es que mi situación se volvió insostenible. Es la prensa, la persecución. Puedo no hablar de mi caso. Podemos recordar cómo fueron perseguidas la doctora (María del Carmen) Falbo, la doctora (Alejandra) Gils Carbó, la doctora (Gabriela) Boquin y el doctor (Eduardo) Freiler. Cada persona que le hacía algo al gobierno anterior que podía disgustarle, era atacada. A mí en seis meses me pusieron siete stents. La situación familiar se volvió difícil y yo preferí cortar por lo sano y lo sano es la salud.

–A usted le hicieron denuncias por enriquecimiento ilícito. ¿También pidieron Nosis suyos desde la provincia de Buenos Aires?  

–Es de las cosas que estamos tratando de determinar, porque aparentemente en el juzgado número 1 de La Plata se investigó solo una de las cuatro hipótesis que hay de información ilegal y entre el resto de la que hay dando vuelta está que me pidieron el Nosis a mí. No sé para qué, estaba todo en mi declaración jurada, nunca oculté nada. Estas cosas se usaban para apretar, o para carpetas o denunciar, pongamos todos los verbos o adjetivos que conocemos.

–Es decir, usted era camarista federal, y desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense buscaban información sobre usted. 

—Sí, sí. Es inexplicable. Evidentemente eso dependía del entonces ministro de Seguridad de la provincia, el hoy diputado (Cristian Ritondo).

–Usted pasó años en Comodoro Py, ¿Qué cambió con el gobierno de Macri? 

–Fui juez 15 años, 10 camarista, también fui fiscal. Comodoro Py es muy particular. Por lo que a mí me tocó… uno como juez tiene presiones, y las presiones existen. De todo tipo. Me han puesto bombas, me han seguido, han seguido narcotraficantes a mis hijas, y no renuncié. Tenía otra edad y otra salud. Me han pedido juicio político y llenado de tapas de diarios. He hecho cosas que no han gustado. Declaré la inconstitucionalidad del tratado con Irán y no creo que le haya gustado al gobierno anterior al anterior. Uno tiene que resolver como juez. Una cosa son las presiones y otra es que también empiece la prensa. Cuando estaba por resolver esto que usted dice sobre Cristóbal López, entró una movilera adentro de mi despacho sin pedir permiso a cuestionarme si lo iba a poner en libertad. Me han pasado cosas que no se pueden creer.

–Esto que usted describía como una mesa judicial provincial y una nacional  interconectadas. ¿Había visto algo así antes?

–No, y estamos con mi socio trabajando sobre esto porque claramente hay una interconexión, si no, no se entiende. ¿Qué hacían pidiendo un Nosis mío? Sobre 1500 personas han pedido información, sobre viajes, esto, lo otro. Pero la verdad en democracia yo no he visto… Si yo le dijera que hay un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país, ¿usted qué diría? Sí, es esto. Bueno, eso es lo que pasó en la causa 13 cuando se juzgó a los miembros de la Junta Militar. Y si usted empieza a ver, es más o menos lo mismo.

–Es decir, un plan sistemático de violación de todas las garantías constitucionales por parte del gobierno de ese momento liderado por Macri y Vidal. 

—Absolutamente. Pero, además, para qué. Para garantizar la impunidad.  Así es como se quedaron con los cargos. Con el de Falbo, con (Eduardo) Casal en la Procuración. Así es como pueden sostener la impunidad, no es casual. Es mi visión.

–-¿Qué pensó cuando vio por primera vez el video de esta reunión en el Bapro?

–No lo puedo creer, no lo puedo entender. Se imaginan que yo he estudiado y he visto muchas cosas. He visto causas tremendas. Pero esto no, es inexplicable. Y ayer por televisión veo en una foto al prófugo que está en Uruguay, a la Gobernadora (María Eugenia Vidal) y la denunciante de Pérez (Elisa Carrió) saliendo de la casa del procurador de la provincia (Julio Conte Grand). ¿Qué garantías podía tener mi cliente de que su expediente fuera por cauces normales? Imposible que pudiera tener un juicio justo.

–Además de irrumpir una movilera en su despacho cuando iba resolver sobre López y de Sousa. ¿En esa causa tuvo algunas otras situaciones que pueda contar?

–Hubo muchas situaciones y me tuve que ir. El cuerpo y la angustia de la familia… uno a veces tiene que tomar decisiones. Ahora ejerzo la abogacía, estoy muy contento y tengo un socio extraordinario que me enseña a caminar los tribunales desde otro lugar.

–-Una pregunta que muchos/as se hacen. ¿Por qué le dicen Paty?

–Uy, de chiquito. Viene de “patito” porque yo me escapaba a cualquier pileta a cualquier cosa. Soy Jorge Luis así que no tiene que ver, pero viene de ahí, en casa todos teníamos apodos mamá, papá. Ese fue el mío en toda mi vida.

–Le ve destino a estas causas que, además, todos quieren llevar a Comodoro Py?

–Si todo va a Comodoro Py, no sé para qué existe la justicia federal de provincia. Los efectos sustanciales de lo que nosotros denunciamos eran dentro de la provincia. Es como si a Videla solo le hubieran juzgado en la Capital Federal. Videla fue juzgado en todo el país, no se trajeron todas las causas a Comodoro Py. No deben venir todas las causas a Capital Federal. En este caso, los efectos eran hacia sindicalistas, políticos y funcionarios, todos de la provincia. Hay hechos que se deben juzgar en provincia, otros serán en Capital y tal vez en otras provincias si siguen apareciendo mesas judiciales. Porque no descarto que aparezcan otras mesas judiciales.