El Sindicato de Trabajadores Judiciales advirtió que la propuesta del gobierno “hace desaparecer todas las unidades especializadas” poniendo en peligro 500 puestos de trabajo.

El proyecto del Gobierno para reformar el Ministerio Público Fiscal y transferir potestades constitucionales de la Procuración –hoy a cargo de Alejandra Gils Carbó– a figuras subordinadas al Ejecutivo, anunciado a principios del mes pasado y en aparente detenido por el rechazo que generó, mantiene en alerta a los trabajadores y a sus representantes gremiales.

“El proyecto pone en peligro unos 500 puestos laborales al hacer desaparecer todas las direcciones y unidades especializadas, pero además afecta la independencia judicial, burocratiza un organismo que es dinámico y vacía al Ministerio Público, afectando el equilibrio de poderes”, advirtió a Página/12 Agustín Bruera, secretario general del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju).

“El proyecto no fundamenta por qué desaparecen de la estructura del Ministerio Público Fiscal las direcciones creadas por la última ley y las unidades especializadas, donde hay muchos compañeros que si bien no quedarían automáticamente despedidos sí cesarían sus contratos. Del relevamiento que hicimos calculamos que unos 500 trabajadores quedarían a merced de la reestructuración”, señaló Bruera.

“Viendo cómo se ha manejado el Ejecutivo, es claro que donde hizo reestructuraciones metió mano a despidos y cese de contratos. De prosperar el proyecto desaparecerían estructuras que hacen a la nueva mirada del Ministerio Público sobre la justicia como las oficinas de Atajo (Programa de Acceso Comunitario a la Justicia) o la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM)”, remarcó.

“Más allá de lo estrictamente laboral, en un nivel más profundo vemos que el proyecto busca vaciar el MPF y hacerlo más burocrático, ya que cuatro subprocuradores toman las facultades de la procuradora y además las amplían, suman funciones que no existían. Esta reforma ataca directamente la nueva mirada sobre la justicia que se construyó en estos años”.

Bruera agregó que dos semanas atrás hubo una reunión informativa sobre el proyecto en las comisiones de legislación penal, justicia y presupuesto de la Cámara de Diputados, y que el ministro Garavano no supo explicar por qué el Gobierno no da a conocer los fundamentos de la propuesta de eliminar direcciones y unidades especializadas.

“Todos los bloques atacaron el proyecto”, destacó. “Dividimos la cuestión en dos. El piso es que nadie se quede en la calle, pero también consideramos que este proyecto afecta la independencia judicial. Y como gremio que opina que sus trabajadores deben pensar el proyecto que realizan, decimos que no sólo es mentira que ‘modernice’ algo –de hecho la última ley que modificó la Justicia fue la del MPF el año pasado–, sino que además burocratiza un organismo que es dinámico, ya que crea organismos que le quitan funciones a la cabeza de Procuración para que cada decisión deba pasar por un Consejo General y cuatro subprocuradores”, finalizó.