La “Gestapo” antisindical comenzará a tratarse en un Congreso dividido entre opositores que quieren investigar y otros que prefieren mantener el perfil bajo. En paralelo, Vidal decidió dar la batalla por las reelecciones de intendentes pero perdió y se puso el foco en su floja reglamentación de la ley
La simulada paz interna de Juntos por el Cambio llegó a su fin. María Eugenia Vidal, una figura resistida por varios dirigentes del conurbano bonaerense y también de nivel nacional, se convirtió en el foco más grande de la batalla opositora que excedió al PRO y salpicó a los aliados. El video de la “Gestapo” antisindical, del que todavía no quiere hablar la ex gobernadora, y la re reelección de intendentes colocaron a la dirigenta en un lugar poco cómodo que evidenció la pérdida de poder dentro de la alianza opositora. Víctimas y victimarios, los funcionarios de su gestión sufrieron (nuevamente) el acoso del espionaje ilegal de la administración comandada por Mauricio Macri pero también impulsaron el armado de causas judiciales contra referentes gremiales. Con la intención de mostrar un armado contra las “mafias” o el poder “perpetuo”, la diputada decidió publicitar su intención de eliminar las elecciones indefinidas pero sólo logró dejar en evidencia la merma en la tracción de voluntades legislativas, unas que supo dominar apenas dejó su cargo pero no pudo mantener.
El video que comprometió a su gestión, con Marcelo Villegas como la figura más destacada del escándalo, derivó en un silencio profundo por parte de la oposición. Vidal intentará mantener el bajo perfil todo lo que sea posible, el PRO buscó evitar difundir una postura institucional y algún dirigente radical se mostró incómodo con la situación de pertenecer a una alianza propensa al espionaje ilegal y al armado de causas judiciales. Seguros de que la grabación fue una jugada directa de los servicios de inteligencia, cerca de la ex gobernadora abandonaron cualquier posibilidad de una “cama” pergeñada por algún aliado bonaerense. Algo que podría haberse puesto en duda dada la devaluada imagen de la dirigenta entre muchos referentes provinciales.
Sin estar exenta de una posible citación de la comisión Bicameral de Inteligencia por tratarse de la máxima autoridad bonaerense durante el armado de causas a sindicalistas, el vidalismo verá el avance de la investigación desde el Congreso. El órgano de fiscalización decidió conformar una subcomisión que empezará a trabajar este jueves a las 14. Los integrantes serán Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, por el Frente de Todos, y Miguel Bazze por parte de la UCR. Según pudo saber este medio, cierto sector de la oposición se mostró proclive a avanzar con el estudio del caso producto de la incomodidad generada por la situación, mientras que otro bando, más cercano a la diputada porteña, intentó bajarle el tono a la indagación. Una grieta interna entre quienes quieren y quienes no quieren apretar el acelerador.
La subcomisión comenzará a funcionar menos de cuarenta y ocho horas después de haberse conformado y pedirá, en principio, las identidades de los agentes de inteligencia que participaron de la reunión (Sebastián De Stéfano, entonces director de Asuntos Jurídicos del organismo; Darío Biorci, cuñado y jefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Dalmau Pereyra, director de Contrainteligencia), además del contexto, fecha y procedimiento, en que la actual conducción de la AFI dio con el material en cuestión.
Pero Vidal decidió no aportar ningún testimonio al escándalo mediático y desde su entorno le aseguraron a El Destape que, al menos por el momento, intentarán mantener el silencio y jugar de espectadores. Mientras tanto, la ex gobernadora buscó profundizar su discurso “anti mafia” o “anti poder perpetuo” amparada en la “batalla” contra las reelecciones indefinidas de intendentes.
Según se dijo, el jefe de Gobierno porteño le pidió a Vidal mantener un perfil bajo en la disputa por una simple razón: en la construcción 2023 necesitarán de los intendentes que ese año, gracias a su ley, no podrían reelegir. Pero eso no sucederá porque la norma se modificó gracias a un acuerdo político entre un sector de la oposición y el Frente de Todos. Básicamente, hubo tres posibles destinos para la legislación: dejarla sin efecto, modificar el período a partir del cual rige o mantenerla como está. La diputada pidió la última opción pero salió la segunda.
FUENTE: EL DESTAPE
