La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) acusó al Gobierno y al presidente de Intercargo Fernando Montes de tomar represalias contra los trabajadores y de intentar debilitar la empresa para favorecer una futura privatización. El sindicato denuncia despidos, falta de diálogo y la intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en funciones operativas, vulnerando así normas internacionales de seguridad. «Nunca ha caminado las bases ni ha tenido contacto con los trabajadores», señalaron.
La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) lanzó un comunicado en el que acusa al Gobierno y a Fernando Montes, presidente de Intercargo, de desatender las condiciones laborales y llevar adelante despidos injustificados. «Desde la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), denunciamos enérgicamente los hechos que están ocurriendo y hacemos responsables al gobierno y al presidente de Intercargo (ITC), el señor Fernando Montes», expresaron.
APA critica la falta de diálogo de Montes, quien, desde su asunción, «nunca ha caminado las bases ni ha tenido contacto con los trabajadores» y ha ignorado los problemas laborales planteados desde marzo, incluyendo «fallas de la operativa por la falta de personal, retiros voluntarios (despidos encubiertos), la falta de inversión, la reducción de horas extras en Aeroparque y el salvaje desfasaje salarial».
En relación con los recientes despidos de trabajadores, APA sostiene que fueron represalias directas contra empleados que ejercieron sus derechos de protesta. «La empresa ha decidido despedir a 15 empleados de manera injusta, utilizando esta medida como represalia por ejercer sus derechos de protesta», denunció APA, y añadió que este tipo de acciones busca «intimidar y silenciar a los trabajadores que luchan por condiciones justas y dignas». El sindicato también desmiente las acusaciones de que la asamblea pacífica de los trabajadores haya causado demoras para los pasajeros en Aeroparque, afirmando que la reunión «se llevó a cabo de manera pacífica y siguiendo todos los protocolos necesarios para asegurar la seguridad de todos los involucrados».
La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) también es motivo de denuncia por parte de APA, que acusa a la ministra Patricia Bullrich de haber autorizado a la PSA a realizar las tareas de los operarios de Intercargo, vulnerando así los procedimientos de seguridad internacional. «Esta decisión vulnera los procedimientos de seguridad operacional que establecen las normas internacionales», sostuvo APA, argumentando que «dicho personal policial no está habilitado ni capacitado ni conoce el funcionamiento de los equipos para llevar a cabo las funciones específicas necesarias». El sindicato asegura que «ningún trabajador de INTERCARGO S.A. se verá obligado a atender un vuelo con un personal policial (PSA) al lado».
Finalmente, APA advierte que toda esta situación forma parte de una estrategia para privatizar Intercargo, que «no necesita el respaldo del Estado ya que es superavitaria«. La empresa, según APA, ha sido «premiada internacionalmente por British Airways en la calidad del servicio, factura en dólares y está siendo llevada al vaciamiento y destrucción para entregarla a los amigos«. Ante esta situación, APA ratificó su compromiso en «la defensa de los derechos laborales y la unidad de la clase trabajadora», y aseguró que «seguiremos luchando con determinación y fortaleza, porque sabemos que nuestra causa es noble y justa».
Según consignó Página/12, la maniobra ya tiene un beneficiario porque la desregulación del servicio de rampa de Intercargo no puede ser prestado por cualquier empresa. En ese sentido las miradas se posan sobre Aeropuertos Argentina 2000, la empresa de la familia Eurnekian que supo tener a Javier Milei en su nómina salarial.
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