Carlos Alemany, uno de los grandes referentes de la cultura extensionista del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), acaba de presentar la renuncia. Entender las razones es crucial en momentos en que el proyecto de financierización radicalizada de LLA se desmorona.
El INTA, junto con el CONICET, la CNEA y el INTI, integra el núcleo institucional de las capacidades nacionales. No hay proyecto de país posible sin comprender lo que estas instituciones aportan a la economía y a las políticas públicas desde la década de 1950.
Las agendas del INTA se orientan al agro, el sector dominante de la economía argentina. Desde el ingreso del país al orden neoliberal con la última dictadura genocida, el INTA padeció, de forma recurrente, políticas de exclusión de lo que se conoce como “el INTA extensionista”, esto es, de aquellas unidades y grupos de profesionales distribuids en todo el territorio nacional para asistir a la red de pequeños productores y a las familias rurales. La cultura extensionista del INTA es modelo en América Latina.
Una tesis doctoral de 2014, de la investigadora Cecilia Gárgano, demuestra que las políticas de terrorismo de Estado en el INTA, entre 1976-1983, se aplicaron sobre las actividades extensionistas. El objetivo era modelar un nuevo INTA que sirviera a los grandes productores y la agroindustria. La década de los noventa repite esta maniobra, pero introduce las privatizaciones y la desposesión de bienes públicos, como el banco de semillas –que pasan a manos de las empresas concentradas del sector–, los despidos y una política sistemática de retiros voluntarios.
Luego del período 2003-2015, donde vuelven a renacer los rasgos más virtuosos del INTA, los cuatro años de macrismo repiten el ritual de recortes y estigmatización del INTA extensionista.
En este cuarto ciclo de neoliberalismo lumpen que se inició en diciembre de 2023, los ataques al INTA tienen dimensión de catástrofe institucional. El 14 de octubre presentó la renuncia el primer presidente del INTA libertario, el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina Hafford, que explicaba en una entrevista que existe un “plan de implementación” que involucra personas, patrimonio y proyectos. Habla de una reducción del 10% de la planta de INTA –compuesta en ese momento de más de 6800 agentes–, de poner en disponibilidad campos o espacios físicos y reestructurar la cartera de proyectos, priorizando únicamente los vinculados a la producción intensiva y descartando la agricultura familiar. Recordemos que en marzo de 2024 ya se había clausurado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar.
Al cierre de los programas Cambio Rural y ProHuerta siguieron los anuncios de Nicolás Bronzovich, reemplazante de Molina Hafford y actual presidente del INTA. Los planes son catastróficos: se pone “a disponibilidad” de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) un total de 27 mil hectáreas de tierras productivas ubicadas en 22 Estaciones Experimentales del INTA en todo el país desde el segundo semestre de 2024 hasta el primer semestre de 2027. El objetivo es venderlas, según se expresa en el Decreto 950/24 de “Enajenación de inmuebles del Estado Nacional”, del 24 de octubre, de la AABE.
En este contexto, la reproducción del texto de renuncia de Alemany es un testimonio del nivel de devastación institucional de una de las instituciones que mejor comprenden la gestión integral del conocimiento para el desarrollo de una democracia en América Latina.
Diego Hurtado*
La carta de renuncia
*Fue presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (2015) y Secretario de Planeamiento en el MINCyT (2019-2023). Es profesor en UNSAM e investigador principal de CONICET.
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