La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su «absoluto rechazo» a la resolución N° 57/2024 emitida por la Secretaría de Transporte del Gobierno Nacional, que establece la desregulación del transporte automotor de pasajeros en todo el país y respaldó a la Federación de Peones de Taxis. La central planteó que la medida pone en riesgo la vida y la seguridad de los pasajeros.
En un comunicado emitido el 12 de diciembre de 2024, la CGT expresó su solidaridad con la Federación de Peones de Taxis y alertó sobre los riesgos de esta medida para los trabajadores y los usuarios del sistema de transporte.
La FEPETAX en un comunicado propio advirtió al Gobierno nacional que «están abriendo una caja de Pandora» donde «los pasajeros tendrán más perjuicios que beneficios», ya que «las irregularidades estarán a la orden del día porque habilitan a choferes que no están capacitados y vehículos sin controles ni seguros». En la misma línea, Jorge García y Miguel Ángel Soto, Secretario de Finanzas de la Federación, coincidieron en que «el gobierno libertario sigue con medidas de ajuste y de shock donde demuestra su desconocimiento e inoperancia».
Por su parte y en la misma línea, la CGT denunció que la resolución promueve «una práctica peligrosamente irregular», al permitir la circulación de vehículos sin controles ni seguros, conducidos por choferes sin capacitación adecuada. Según el texto, esta medida «pone en alto riesgo de vida y seguridad a las y los potenciales usuarios». Además, señalaron que miles de trabajadores quedaron sin empleo, viéndose afectados directamente por esta normativa.
El comunicado cuestiona el fundamento del gobierno para justificar la desregulación. Bajo el pretexto de fomentar la supuesta «mayor libertad», la CGT asegura que se busca «profundizar el modelo de empleo precarizado, sin derechos laborales, bajo la consigna del emprendedurismo y sin responsabilidad social ni empresarial».
La organización sindical dejó claro que rechazará cualquier iniciativa que, bajo el argumento de promover la libertad, «degrade no solo los derechos de las trabajadoras y trabajadores, sino también de las y los usuarios del sistema».
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