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La cúpula de la CGT evalúa pedir al Gobierno flexibilizar más la cuarentena a partir del 26 de abril próximo, con medidas especiales de protección sanitaria, para evitar un colapso del sistema de obras sociales en medio de la inactividad económica, ya que se produjo una caída del 70% en los aportes.
Así lo indicaron directivos de la central obrera consultados por la agencia de noticias NA, los cuales advirtieron sobre un deterioro de la cadena de pagos y aportes cada vez más amplio, por lo cual solicitaron una reunión de urgencia con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
Según datos de los gremios, “el pago de aportes patronales de las obras sociales cayó 70%”, y ya no hay margen para sostener el sistema de salud de los trabajadores.
En muchos sindicatos alertan que ya no pueden pagar prestaciones y se dilata el cumplimiento con los proveedores, porque “las empresas hicieron casi caer el pago de aportes patronales”, indicaron fuentes sindicales.
Por falta de recursos muchos gremios que asisten con bolsones de comida, barbijos y lavandina a sus afiliados que no tienen ingresos por la inactividad productiva, advierten que ese sistema de ayuda no se puede sostener por mucho tiempo.
No obstante, desde la CGT reconocieron que las obras sociales sindicales tienen “las manos atadas para hacerle exigencias al gobierno, que enfrenta una serie crisis económica y social sin precedentes”.
El planteo a Moroni es conformar un protocolo de medidas sanitarias, que sea lo más exigente posible, para salvaguardar la salud de los trabajadores pero permitir una apertura económica más amplia que la flexibilización de actividades dispuesta por el Gobierno hasta el 26 de abril próximo.
“Tenemos que lograr que se flexibilice la cuarentena, porque sino dentro de un mes las bases la van a romper por su propia cuenta”, advirtió un dirigente cegetista consultado.
Explicó que “muchos trabajadores que no tienen ingresos salieron a hacer changas desafiando la cuarentena y haciendo peligrar el aislamiento social obligatorio, porque la situación es insostenible”.
Solo en el conurbano hay más de 600 empresas denunciadas ante el Ministerio de Trabajo, porque no pagan salarios, según la central obrera.
La dirigencia sindical sostiene que muchas compañías burlan el decreto que frena despidos y reducción de sueldos, con acuerdos legales con los gremios, pero además muchas comenzaron a incumplirlo por la falta de efectivo o alegan causas excepcionales para no pagarlo.
Algunos sindicalistas denunciaron que las pymes le piden a los gremios realizar acuerdos para reanudar la actividad, pero los sindicalistas no tienen autoridad para firmarlo, y porque se niegan a poner en peligro la salud de los afiliados.
Aún en muchas pymes que acordaron suspensiones y reducción de remuneraciones, tampoco se cumplen los acuerdos, porque el parate productivo no les permite tener ingresos.
Los dirigentes sindicales denunciaron que los bancos están obstaculizando los créditos de capital de trabajo y los subsidios parciales a los pagos de sueldos.
Ponen como ejemplo que una empresa de 100 trabajadores tiene a su personal dividido en distintos bancos para pagar los salarios.
Los bancos, según la CGT, los obligan a trasladar toda la nómina salarial de su personal o de lo contrario dificultan los préstamos a tasa subsidiada del 25% y solo le aportan un crédito proporcional para pagar los salarios nada más que a los trabajadores que tienen cuenta en su entidad, indicaron las fuentes consultadas.
Gremios como la UOCRA ya tienen casi 280 mil trabajadores sin ingresos y las empresas no aportan al Fondo de desempleo del gremio, aduciendo que al no tener ingresos no puede hacer frente a esos pagos.
Fuente: Info Gremiales
