En un encuentro con el Ministerio de Salud, los dirigentes de la CGT señalaron la problemática del sistema solidario de salud que se agrava por la obligación de brindar las mismas prestaciones a sectores cuyos aportes mensuales son significativamente menores, como los monotributistas ($13.800), los desempleados ($14.000) y el personal de servicio doméstico ($6.400). Mientras que el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO), que incluye la cobertura para el grupo familiar del trabajador, asciende a $45.000 mensuales.
Según consignó Infobae, un dirigente de la CGT planteó que «el desfinanciamiento no solo se debe a los aportes insuficientes de ciertos sectores, sino también a la caída de los salarios reales y el aumento desproporcionado de los costos médicos y de medicamentos». Además, criticó la falta de respuestas concretas por parte del Gobierno, afirmando que «el acceso a la salud accesible y de calidad para millones de trabajadores no parece ser una prioridad».
En agosto, la CGT presentó un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, y al gerente general, Claudio Stivelman, con propuestas concretas para aliviar la crisis del sistema. Entre las iniciativas destacadas se incluyen:
- Reemplazar el PMO actual por una Canasta de Servicios de Emergencia (CSE).
- Incrementar los aportes del personal de servicio doméstico y de los monotributistas.
- Ajustar los reintegros del PAMI para que estén en línea con el promedio per cápita que maneja el instituto.
- Transferir la atención de los monotributistas sociales a los efectores públicos de salud, destinando los recursos directamente a hospitales y centros de salud.
- Crear un fondo para cubrir tecnologías médicas de alto costo.
- Establecer que los gastos en transporte y educación de personas con discapacidad sean financiados por las carteras correspondientes y no por el Fondo Solidario de Redistribución.
El informe también subraya la necesidad de frenar los aumentos indiscriminados de medicamentos de alto costo, los cuales impactan fuertemente en la posibilidad de sostener el sistema.
La CGT advirtió en numerosas ocasiones que, de no tomarse medidas inmediatas, el sistema de obras sociales podría enfrentar un colapso financiero que comprometería el derecho a la salud de millones de argentinos. «Estamos hablando de una cuestión de equidad y de la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema», concluyó el dirigente.
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