La CGT decidió movilizar el 18 de noviembre próximo al Congreso Nacional, junto con los movimientos sociales, en demanda de “la sanción de una Ley de Emergencia Social antes de que concluya el período ordinario de sesiones”.

La conducción de la reunificada central obrera deliberó ayer en la sede sindical de Azopardo al 800 durante casi tres horas y decidió marchar hacia el Congreso el 18 de noviembre próximo, en tanto ratificó su rechazo a “los despidos y suspensiones”.

En una conferencia de prensa posterior al encuentro, el triunviro de la central obrera, Juan Carlos Schmid -quien fue acompañado por el panadero Abel Frutos- informó que el consejo directivo analizó y aprobó “la obtención de un bono de fin de año con un piso de 2.000 pesos” y explicó que, de allí en más, cada organización gremial “está en condiciones de negociar valores más elevados”.

Luego de un pormenorizado análisis de las gestiones realizadas, de la realidad socio-económica nacional y de “un intenso intercambio de opiniones”, la central obrera ratificó la movilización hacia el Congreso de noviembre próximo, que será “orgánica”, dijo Schmid.

El dirigente sindical y también titular del gremio de Dragado y Balizamiento (Dragybal) y de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) condenó la posibilidad de que “los empresarios aleguen no poder hacer frente al pago del bono de fin de año” y sostuvo que fueron precisamente “las grandes compañías las que en su momento firmaron el acuerdo respectivo”.

“Los empresarios firmaron de forma oportuna ese acuerdo ante el propio gobierno. Si ahora no pagan tendrán problemas con las comisiones internas y los trabajadores”, adelantó el dirigente.

Schmid añadió que la negociación para el pago de ese bono a los trabajadores estatales “continúa vigente”; adelantó que en cada jurisdicción existe diálogo en ese sentido y sostuvo que siete u ocho provincias ya acordaron con los gremios al respecto.

El jefe de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) subrayó que la Ley de Emergencia Social beneficiará fundamentalmente a los trabajadores de “la economía popular o informal” y aseveró que “la Argentina se asoma siempre de forma impávida a los grandes descubrimientos, como por ejemplo ahora, cuando se informa de manera azorada que hay 14 millones de pobres, lo que es un fracaso de la dirigencia y de la sociedad”.

“El balance que realizó la CGT de estos primeros once meses de gobierno no es bueno. No sé si de forma inmediata, pero en algún momento el Ejecutivo pagará un elevado costo político por su gestión económica. Cualquier medida que adopte el Gobierno se asienta sobre una base de profunda desigualdad social ya existente. Pero no es solo su responsabilidad sino de la ausencia de un programa que hay que exigir a todos los partidos”, afirmó.

Schmid precisó que los gremios de las áreas de comercio exterior, portuario-marítimos, del transporte, de la energía y la industria metalúrgica de punta, entre otros, están en condiciones de negociar un bono varias veces superior a los 2.000 pesos, y ratificó que “el pago de 1.000 pesos al sector pasivo es un paliativo, no una solución integral, aunque es muy importante”.

Para el dirigente, el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil debe modificar su orientación y estructura de cara al futuro y, en ese sentido, indicó que “lo fundamental es que ese organismo construya el término del valor de la canasta básica alimentaria”.

“La CGT ratifica la necesidad de que se elimine de cuajo el impuesto a las ganancias; que se otorgue un aumento de emergencia a los jubilados y que se produzca una reforma tributaria integral. Para ello es preciso coraje político y tejer alianzas para quebrar la espina dorsal de quienes no aportan”, concluyó Schmid.

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