La CGT Regional del Valle-Puerto Madryn y la CGT Nacional repudiaron la represión policial sufrida por trabajadores y dirigentes gremiales en Chubut, mientras se manifestaban contra la adhesión a una ley que frena los reclamos judiciales a las ART en una instancia administrativa. Exigieron al Gobierno provincial de Ignacio Torres que cese la implementación de protocolos represivos.
La CGT del Valle Inferior del Río Chubut y Puerto Madryn liderada por Luis Collio, Patricio Rosales y Luis Núñez, declaró un paro de actividades para este jueves 19 con movilización a la Legislatura provincial, en rechazo al proyecto de adhesión al Título I de la Ley 27.348, el cual consideran perjudicial y regresivo para los trabajadores.
Resulta que ahora, el trabajador o trabajadora chubutense, ante un accidente laboral, puede elegir entre acudir a la Comisión Médica o ir directamente ante la Justicia para reclamar cualquier diferencia que tenga con su ART. Pero la Ley 27.348, que es complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, establece que las Comisiones Médicas Jurisdiccionales son la instancia administrativa previa obligatoria y ya no podrían acudir directamente a la Justicia. Al momento, han adherido 16 jurisdicciones a esta ley.
Ante este impulso del Gobierno de Chubut, la CGT regional anunció formalmente ante la Secretaría de Trabajo que se disponía a realizar un paro y movilización este jueves pero la policía impidió a los manifestantes del gremio de la alimentación acercarse a la Legislatura en Rawson. Terminaron cortando la Ruta 3 por tiempo indeterminado.
Por su parte, la CGT nacional emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente «la represión sufrida por trabajadores y representantes gremiales en la ciudad de Puerto Madryn». Según el documento, los afectados se encontraban ejerciendo su derecho constitucional a huelga y peticionando ante las autoridades, cuando fueron víctimas de lo que calificaron como «un brutal accionar policial».
El Consejo Directivo Nacional de la CGT señaló que estas acciones buscan “acallar las voces disidentes” y calificó la situación como un grave atentado contra los derechos laborales y democráticos.
«Nos solidarizamos con la lucha de las compañeras y compañeros de la CGT del Valle, quienes resisten al intento de limitar el acceso a la Justicia para trabajadoras y trabajadores que sufren accidentes laborales», subrayaron en el comunicado.
Además, la central sindical instó al gobernador Ignacio Torres y a las autoridades de seguridad provinciales a cesar la implementación de protocolos que, según expresaron, solo promueven la represión y persecución a quienes protestan pacíficamente: «No naturalizamos el autoritarismo y la intolerancia como forma de gobierno».
«Continuaremos bregando porque se respeten nuestros derechos, con diálogo y lucha pacífica, como lo hemos hecho siempre. Solo así garantizaremos la justicia social que merecemos todos los argentinos y argentinas», concluyó la CGT.
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