La CTA Autónoma, ATE y otras organizaciones presentaron la semana pasada un amparo colectivo. Este martes decidieron ampliar la medida con una denuncia penal por posibles delitos de abuso de autoridad ante la presentación del DNU.
A través de su secretario General, Hugo “Cachorro” Godoy, la CTA Autónoma presentó junto a Claudio Lozano, Presidente de Unidad Popular; Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y Jonatan Baldiviezo, Presidente de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, presentaron una denuncia penal contra el Presidente Javiel Milei y demás funcionarios que resulten responsables.
Se trata de la posible comisión del delito de Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P., del delito de Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.) y del delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.
«De las leyes que deroga el DNU queda manifiesto que la medida no tiene por objetivo afrontar la solución coyuntural y transitoria de una situación de emergencia en circunstancias excepcionales, sino establecer un nuevo rumbo social y económico para el país de forma permanente», dice la denuncia a la que tuvo acceso InfoGremiales.
«Es por eso que la envergadura de este paquete normativo equivale a afirmar que el Poder Ejecutivo se ha arrogado facultades extraordinarias y facultades equivalentes a ejercer la suma del poder público. Al ser dictado sin respetar los presupuestos constitucionales que lo autorizan y por la envergadura del mismo, implica que Javier Milei ejerció funciones legislativas que le corresponden al Congreso, subsumiendo su acción en el delito de Usurpación de Autoridad», agregaron.
En el texto de la denuncia resalta el hecho de que las organizaciones sindicales y sociales reclaman el dictado de una medida cautelar de no innovar, que de darle curso, suspendería los efectos y la vigencia del DNU 70/2023. Así mismo reclaman se inicie una investigación judicial.
INFOGREMIALES
