La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) consideró hoy que las «estrategias de persecución y criminalización» contra sindicalistas elaboradas por el Gobierno de Cambiemos «son hechos de gravedad institucional» que «atacan la democracia» y «deben ser sancionados con el máximo de las penas».
La CTAA se pronunció así sobre los hechos que motivaron esta semana una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de La Plata luego de hallarse una grabación realizada el 15 de junio de 2017 en la que funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas contra organizaciones sindicales.
«La filmación de la reunión entre funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y judiciales; un intendente y empresarios de la construcción para acordar estrategias de persecución y criminalización de dirigentes sindicales confirma las denuncias de la CTAA de 2017 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», afirmó la central.
Un documento firmado por el titular de la CTAA, Ricardo Peidro, y los adjuntos Hugo Godoy y Claudia Baigorria, recordó que esa central y otras denunciaron ese año «un plan sistemático de criminalización de la protesta social, de estigmatización de dirigentes gremiales (incluyendo arrestos y detenciones) y de jueces; la intervención, suspensión y disolución de sindicatos, la denegación de sus registros, restricciones al cobro de la cuota sindical y el deseo de producir una reforma laboral regresiva».
«Esa reforma laboral regresiva procuró ser ofrendada a las corporaciones económicas, pero pudo ser frenada con las movilizaciones callejeras. Esos exfuncionarios dijeron lo que las patronales realizan a diario, es decir, la acción antisindical, la persecución a delegados y la aplicación de políticas extorsivas de desafiliación con la idea de que el mejor sindicato es el que no existe», planteó.
Para la CTA Autónoma, el exministro Villegas procuró desacreditar a los sindicalistas frente a la sociedad para luego encarcelarlos y someter a los gremios al chantaje y la pérdida de derechos.
Se trató, dijo la central, de una «verdadera organización mafiosa entre funcionarios, jefes de gobierno, agentes de inteligencia, jueces, patronales y la prensa hegemónica».
«Hechos de esa gravedad institucional atacan la democracia y no pueden quedar impunes, por lo que deben ser sancionados con el máximo de las penas», concluyó.
En el video aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, el exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, hoy senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro, además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.
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