La CTA Autónoma junto a organismos, juristas y personalidades de Derechos Humanos alertan sobre las graves implicancias del proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo. Denuncian la vulneración de garantías procesales y atribuciones discrecionales a las fuerzas de seguridad.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, junto a organismos y personalidades de Derechos Humanos, presentó un escrito ante la Cámara de Senadores solicitando el rechazo total del proyecto de Ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado. Según sostienen, la propuesta impulsada por el Ejecutivo nacional viola principios constitucionales fundamentales y genera un grave retroceso en materia legal.
“El proyecto está plagado de problemas dogmáticos que vulneran institutos elementales básicos del derecho penal, tales como el principio de legalidad y el derecho penal de acto”, señala el documento firmado, entre otros, por Hugo Ernesto Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma; y al que adhieren el jurista español Baltazar Garzón; el expresidente de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente honorario de SERPAJ.
La propuesta, tratada en carácter informativo por el plenario de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales en noviembre pasado, ha sido objeto de un minucioso análisis por parte de los firmantes. Según destacan, la norma permitiría la instauración de «zonas de investigación especial», otorgando a las fuerzas de seguridad la potestad de detener personas sin orden judicial por hasta 30 días, bajo el motivo de “averiguación”.
Según la central, se está hablando de una reforma ilegal del estado de sitio constitucional. Este tipo de atribuciones reemplaza «la exigencia legal de sospecha de comisión de un delito» por criterios mucho más vagos y peligrosos.
Los firmantes también alertan sobre la supresión de garantías procesales y el conflicto de jurisdicciones que la ley podría generar. “Además de estas cuestiones muy graves (…) el proyecto se explaya sobre otros aspectos más preocupantes que se vinculan con las diversas autorizaciones de actuación que brinda a las fuerzas de seguridad”, indicaron.
En relación al contexto político y social, el comunicado afirma que la ley “se inscribe en una serie de respuestas represivas” promovidas por el gobierno desde la aprobación del decreto 70/23 y otras normativas en materia de seguridad y penal. “La denominada Ley Antimafia debe ser analizada a la luz de diversas políticas económicas y sociales del actual gobierno, en combinación con los decretos y protocolos en materia de seguridad, y otros proyectos de ley en materia penal sancionados y en ciernes.”, sostienen.
El rechazo al proyecto también fue respaldado por figuras como Ana María Careaga, Co-Presidenta del Instituto Espacio para la Memoria; Claudia V. Rocca, presidenta de la Asociación Argentina de Juristas; e Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
