Con la firma de su secretario general, Hugo «Cachorro» Godoy, la CTA Autónoma presentó a la Corte un Amicus Curiae. Es para la declaración de inconstitucionalidad de la reforma en Jujuy.
La presentación de la CTA ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina se enmarca en la causa impulsada por el Estado Nacional, a través del Ministerio de Justicia para que se declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la constitución de Jujuy.
La Central solicitó su admisión en el expediente en carácter de amicus curiae para que se haga lugar a la acción en resguardo de las garantías constitucionales e internacionales propias del estado constitucional de derecho en cuanto los artículos 67 inc. 4°, 94 y 95 de la constitución de Jujuy resultan violatorios de esas premisas, y por ende inconstitucionales e inconvencionales.
«A partir de la reforma, los derechos y garantías allí consagrados en los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 19, 31, 33, 75 inc. 17 y 22 y 123 se ven seriamente afectados», explicaron.
Y agregaron: «Esta reforma resulta violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como los Convenios 87 y 169 de la OIT.»
En la misma presentación, se solicitó una audiencia pública para que el máximo tribunal escuche a todos los presentantes a los fines de exponer sobre la violación a los derechos fundamentales expresados y la necesidad urgente de garantizar la vigencia de las garantías constitucionales vigentes.
Presentación ante la CIDH
La central sindical presentó, además, una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle que se requiera al Estado argentino «la adopción de las medidas necesarias para la protección de los derechos de dirigentes sindicales, integrantes de pueblos originarios, organizaciones sociales, colectivo de mujeres, y dirigentes políticos, en Jujuy que se encuentran en situación de riesgo de privación ilegal de la libertad, con motivo de la persecución política, hostigamiento y criminalización en su contra dirigida a disciplinar a sectores de la oposición en esa provincia».
En esta línea, se le pidió intervención a la CIDH para que solicita al Estado argentino «que adopte las medidas necesarias que garanticen la integridad personal y libertad ambulatoria de los beneficiarios involucrados».
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