A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno nacional intimó a la CTA Autónoma junto a otras organizaciones y movimientos sociales al pago de multas que ascienden a los $ 56.760.282 y $ 40.419.227 por participar de las movilizaciones realizadas el día 22 y 27 de diciembre, respectivamente. La central no demoró en responder.
«Estas penas (supuestos «pagos solidarios»), son actos de persecución e intimidación por parte del gobierno de Javier Milei, queriendo sostener una norma que es claramente inconstitucional y que, además, quiere atribuirnos un delito que de ninguna manera hemos cometido. Las y los trabajadores ejercemos nuestro derecho constitucional a la protesta» expresaron desde la central encabezada por Hugo «Cachorro» Godoy.
La CTA Autónoma advirtió que ya realizó las presentaciones correspondientes ante la Justicia para rechazar las intimaciones. Ya en diciembre la central realizó presentaciones ante la OIT por la inconstitucionalidad del Protocolo Antipiquetes, una reglamentación que crea y establece castigos a supuestos delitos, que no están encuadrados como tales en el Código Penal. «El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificar el Código Penal y establecer estas penas», señalaron.
«Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras», agregaron.
La millonaria multa no los hizo retroceder y ratificaron la convocatoria al Paro y movilización del 24 de enero para exigir al Congreso de la Nación a que se rechace el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley Ómnibus.
La central advirtió que a través de estas iniciativas, «el Presidente Javier Milei pretende gobernar por decreto, ejerce abuso de poder, avasalla al Congreso de la Nacional, e intenta arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino pretendiendo establecer un Estado de Sitio de hecho».
