Ahora. El tiempo es ahora. Más democracia significa más reforma del sistema de seguridad pública.” La frase con la que completó su exposición el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en la presentación del informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre los Derechos Humanos en la Argentina, derivó en el aplauso más largo y sostenido del auditorio en el Colegio Público de Abogados. El funcionario ratificó así que el gobierno nacional, por indicación expresa de la presidenta, extenderá a todo el país el debate sobre la necesidad de democratizar las Policías provinciales. La cuestión se convirtió en una de las prioridades de la agenda tras la gravísima crisis que desataron los acuartelamientos policiales y los saqueos inducidos por las zonas liberadas. “Es absolutamente imprescindible que en todas las provincias argentinas se realice una profunda depuración de las fuerzas de seguridad y se impulse una ley de seguridad democrática”, exhortó el chaqueño por si quedaban dudas.
Los dichos de Capitanich profundizaron el mismo mensaje que había transmitido el sábado, en la asamblea anual del espacio Carta Abierta. Invitado por la comisión directiva del CELS, el jefe de Gabinete compartió ayer un panel heterogéneo que se propuso hacer un balance de la situación de los Derechos Humanos en los 30 años de democracia que se iniciaron en 1983. Capitanich se sentó en el estrado junto al titular del CELS, el periodista Horacio Verbitsky, quien ofició de presentador y moderador. Los otros disertantes fueron el jurista Enrique Petracchi, miembro de la Corte Suprema; la antropóloga Sofía Tiscornia, integrante de la comisión directiva del CELS y directora del equipo de antropología política de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA); y el diputado Ricardo Alfonsín (UCR), quien fue convocado para “representar a su padre”, como reconoció con humor el propio Verbitsky.
Aunque el tema oficial de la charla eran los 30 años de democracia y los Derechos Humanos, los episodios que se vivieron en la mayoría de las provincias –con el detonante inicial de Córdoba– le dieron un evidente aire de urgencia a la discusión sobre la reforma del sistema de seguridad. La presentación del informe del CELS se convirtió, así, en un virtual relanzamiento de los 10 principios del Acuerdo para una Seguridad Democrática, iniciativa de la cual el organismo es uno de sus principales impulsores. “La reforma de las fuerzas de seguridad es uno de los temas pendientes de nuestra democracia. Esto ha tenido una manifestación clamorosa en los últimos días”, fueron las palabras con las que Verbitsky inició la conferencia.
En el auditorio del primer piso del Colegio de Abogados se veían caras conocidas del debate sobre la seguridad: los juristas León Arslanian y Alberto Binder, el diputado bonaerense Marcelo Saín, el sociólogo Gabriel Kessler, el abogado Gustavo Palmieri, entre otros. Tiscornia advirtió que la ampliación de derechos que caracterizaron a la democracia de los últimos años supone, por eso mismo, un incremento de los conflictos. “No hay democracia sin conflictos”, remarcó. Tanto Alfonsín (h) como Petracchi, el primero no exento de cierto afán de polémica, dedicaron sus palabras a exaltar la figura del ex presidente que asumió el 10 de diciembre 1983.
El jefe de Gabinete recordó que, de acuerdo a la Constitución, la seguridad es una facultad no delegada a la Nación, que permanece –por lo tanto– bajo el control de cada provincia. Luego puso el acento en el Consejo de Seguridad Interior, el órgano de coordinación de políticas previsto por la Ley 24059/92, cuyas competencias permitirían la unificación de criterios de funcionamiento. Como acciones a implementar en las provincias. “Tenemos que terminar con la policía militarizada, hay que hacer modificaciones en los planes de estudio”, instó.
En su discurso, el chaqueño insistió con que la saga de sublevaciones policiales en las distintas provincias tuvo un “único modus operandi”, con participación de la oficialidad, el personal subalterno y exonerados, que buscaba generar “un proceso de desestabilización”. Antes del discurso, ante una consulta de Tiempo Argentino, Capitanich señaló que todos los gobernadores podían establecer “un acuerdo de cooperación” para fijar “categorías salariales más o menos equivalentes”. “Eso pueden hacerlo, pero por voluntad propia de las provincias, no por paritarias, porque no hay un organismo paritario y no es posible establecer un mecanismo de paridad”, planteó.
