La Federación Judicial Argentina de la CTA que encabeza Matías Fachal recordó el aniversario de la resolución del Comité de Libertad Sindical de la OIT, a instancias de una queja formal presentada por organización gremial.
Hace 10 años que la Organización Internacional del Trabajo reconoce el derecho de los y las judiciales a la Negociación Colectiva y a un Convenio Colectivo de Trabajo y exige al Estado argentino que cree las condiciones efectivas para garantizarlos.
Sin embargo, las quejas sobre las posibilidades de negociación real del gremio siguen vigentes: «Los diversos poderes del Estado Nacional, así como los de la mayoría de las provincias se niegan a acatarlo. Se configura así una situación no solo de una grave injusticia sino la paradoja de que quienes tienen la obligación de asegurar los derechos de todos los y las argentinxs, son los primeros en incumplirlos.», reclamaron desde la FJA.
En efecto, el 15 de junio de 2012, el Comité de la OIT resolvió sin atenuantes que “tal como lo dispone el artículo 5 del Convenio núm. 154” el Estado argentino debía adoptar “las medidas adecuadas a las condiciones nacionales, inclusive legislativas si fueran necesarias, para fomentar la negociación colectiva entre las autoridades del Poder Judicial y las organizaciones sindicales concernidas”.
El problema radica en que pasaron los años pero aseguran que «nada se ha avanzado al respecto, siendo esto responsabilidad primaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero también del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, así como de los Estados provinciales que, en su enorme mayoría, y por presión de los Tribunales Superiores, se niegan a cumplir la resolución de la OIT.»
En este décimo aniversario la federación de judiciales reclama que se dé cumplimiento a lo dispuesto «no solo como una forma de asegurar la vigencia de un derecho legítimo de los trabajadores judiciales sino también como parte de una necesaria y profunda reforma del sistema judicial argentino, tanto nacional como provinciales.» dado que consideran al funcionamiento paritario como una de las principales fuentes de transparencia en el sistema y la carrera judicial.
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