En el primer cuatrimestre del año el ajuste fiscal que efectivizó el Gobierno fue equivalente a 1,13 puntos del PIB. “Es el ajuste más grande en la historia de la humanidad”, se jactó Javier Milei, que lo considera un hito de su gestión. Sin embargo, para cumplir con la meta de déficit cero que plantea el Presidente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, lo más difícil está por venir.

Para terminar 2024 con las cuentas públicas equilibradas, sin déficit financiero, en el segundo semestre habrá que hacer un recorte del gasto de más del doble que en la primera mitad del año. Deberá llegar a 4,6 puntos del PIB. De acuerdo a la hoja de ruta trazada por Milei y el ministro Luis Caputo, esto afectará especialmente a la obra pública, las transferencias a las provincias, los salarios de los trabajadores del Estado y a todo el universo de usuarios -residenciales y empresas- de los servicios de luz, gas, agua y transporte con nuevos aumentos de tarifas.

Pero hay un agravante adicional. De acuerdo al funcionamiento del Estado, el gasto público es mayor en los segundos semestres respecto de los primeros. “Para mantener la meta de déficit cero, el esfuerzo en la segunda mitad del año será más exigente, dado que el gasto es mayor que en la primera mitad, con lo cual, la cantidad de plata a ahorrar es mayor“, explica la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap).

“¿Por qué es mayor? Primero está la cuestión de la inflación y su impacto en el gasto. Pero suponiendo que hubiera un año sin inflación, de todos modos en el segundo semestre las erogaciones son más altas por motivos estacionales. En enero y febrero el ritmo de trabajo en el Estado es más lento, con funcionarios y empleados de vacaciones, con programas que todavía no arrancan, por lo que se gasta un poco menos, no en los compromisos duros como salarios, pero sí en algunos servicios, en gastos de capital, en inversión real directa o en transferencias a empresas públicas. Y cuando va a terminar el año se aceleran los procesos para gastar los créditos acumulados en cada área. Por eso, el gasto de capital siempre es mayor en el segundo semestre”, detalla la asociación.

El mismo diagnóstico establece un informe de la Fundación Capital, dirigida por Carlos Pérez, ex director del Banco Central entre 2004 y 2013 y vicepresidente en el gobierno de Mauricio Macri.

“Hacia adelante, el esfuerzo fiscal será más exigente para cumplir con la meta de déficit cero, dado que los segundos semestres suelen ser más abultados en términos de gastos. Esto incluso considerando la aprobación del paquete fiscal. En efecto, el ajuste en los primeros cuatro meses del año fue de 1,13 puntos del PBI y, con supuestos optimistas, el paquete fiscal aportaría 0,65 puntos, todo esto frente a 4,6 puntos de reducción del déficit necesarios para alcanzar la meta anual”, detalla el documento.

El impacto que esto tendrá sobre el nivel de actividad, el consumo y el empleo amenaza con ser demoledor, con riesgos ciertos de que la economía ingrese en una fase de depresión, peor que la recesión en curso, muy difícil de superar.

Frente a esto, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que encabeza Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA y del Banco Nación, plantea en otro informe si el plan del Gobierno no será justamente ese: producir una fractura social, un quiebre en el patrón de distribución del ingreso, con primarización de la economía, que perdure por décadas, así como lo buscó y lo consiguió la última dictadura cívico-militar.

Más impuestos

La Fundación Capital explica que el paquete fiscal que se encuentra en el Senado para su aprobación no será suficiente, ni cerca, para evitar mayores recortes de gastos. Como se indicó más arriba, la suba de impuestos prevista en el proyecto de ley equivale a ingresos extra para el Estado por el equivalente a 0,65 puntos del PIB, contra un ajuste ya realizado de 1,13 puntos y una meta de 4,6 para llegar al déficit financiero cero.

“En detalle, serían ingresos por 0,21 puntos del PBI por la reinstauración de Ganancias, 0,08 puntos por cambios en Bienes Personales y 0,02 por monotributo. De todos modos, buena parte de la recaudación adicional la proyectan por ingresos del blanqueo (0,34 puntos), lo que resulta una incógnita”, precisa.

La conclusión es que “incluso con la aprobación de la ley, el esfuerzo fiscal de este año será muy exigente. En efecto, el ajuste en los primeros cuatro meses del año fue de 1,13 puntos del PBI frente al mismo periodo del año previo (+0,17 puntos el resultado financiero de enero-abril 2024 vs. -0,96 puntos en igual período del 2023) y con los supuestos optimistas de las autoridades por el paquete fiscal se obtendrían ingresos extra por 0,65 puntos, todo esto frente a un esfuerzo de 4,6 puntos del producto que debe hacerse en el año y frente a gastos más abultados en el segundo semestre”, remarca.

Más tarifas

Una de las vías para reducir gastos es cortar subsidios en servicios públicos. Entre enero y abril, la poda en estas partidas fue equivalente a 0,2 puntos del PIB. Solo para mantener este nivel, la Fundación Capital señala que en el segundo semestre habrá que realizar subas de tarifas similares a las decretadas hasta ahora.

Eso pone al Gobierno en contradicción con su otro objetivo prioritario: la baja persistente de la inflación. Frente a la disyuntiva de bajar el gasto para conseguir el déficit cero o apurar la baja del IPC, las autoridades resolvieron los últimos dos meses postergar incrementos de luz, gas y transporte.

“De continuar posponiéndose la actualización de tarifas de energía eléctrica durante los meses del invierno, el Tesoro debería afrontar un costo extra frente al año pasado de 1,8 billones de pesos o el equivalente a 0,2 puntos del PBI”, indica Carlos Pérez. Por lo tanto, la reanudación de los aumentos desde este mes para los sectores de ingresos medios y bajos que ya anunció el Poder Ejecutivo parece la bandera de largada para los tarifazos que vendrán en electricidad y demás servicios públicos en la segunda mitad del año.

Más ajuste

Dados estos supuestos, la Fundación Capital concluye que “para evidenciar una baja del gasto del orden de los cuatro puntos del producto, las transferencias a provincias y las erogaciones de capital deberían registrar bajas muy abruptas en el resto del año, en línea con las registradas en los primeros meses, lo que podría tener efecto en la actividad económica”, alerta.

Es decir, dos de las víctimas principales de la motosierra de Milei volverán a ser los envíos de recursos a las provincias y la obra pública.

En cambio, las partidas para jubilaciones y seguridad social aplacarían el ajuste en comparación con el primer semestre, a partir del cambio en la fórmula de movilidad previsional, que tiende a una ligera recomposición de ingresos para los próximos meses. El ajuste en jubilaciones fue equivalente a 0,6 puntos del PIB en el primer trimestre y del 0,4 en el segundo, en tanto que la Fundación Capital proyecta que ese recorte bajará a 0,2 puntos en el tercer trimestre y a 0,04 en el cuarto.

Más tensiones se vislumbran con los empleados públicos. Hasta el momento ya se reportan más de 20 mil despidos en la dotación del gobierno nacional y se anticipan nuevas desvinculaciones para el segundo semestre.

En definitiva, “los próximos meses demandarán un esfuerzo fiscal muy abultado con consecuencias en la actividad económica, que también podría afectar los recursos futuros. Más aún, una reducción de las erogaciones basada en gastos pisados no es sostenible hacia delante, con efectos en materia de obsolescencia de infraestructura, por sólo mencionar un ejemplo”, concluye la consultora.