Por:
Ana Vainman
Si concurrieran los mismos sindicalistas que fueron el año pasado, sería una ocasión para que los moyanistas y los antimoyanistas vuelvan a sentarse en la misma mesa, luego de la frustrada conciliación que intentó el Ministerio de Trabajo antes de impugnar las elecciones convocadas por Hugo Moyano –quien las realizó de todos modos y fue reelegido para un tercer mandato–.
Pero el Ministerio de Trabajo sostiene que Moyano no podrá concurrir al Consejo del Salario. Sería entonces la primera vez desde 2003 que el camionero –o sus aliados– no asiste al encuentro en el que trabajadores y empresarios dirimen junto a las autoridades de la cartera laboral cuál es el piso salarial de la Argentina.
A esta inusual situación se llegará porque en Alem al 600 consideran que el propio Moyano se autoexcluyó de participar. El 6 de julio pasado, el ministro Carlos Tomada prorrogó el mandato del Consejo Directivo de la CGT que se había impuesto hace cuatro años, que incluye al camionero como secretario general. Según esta prórroga, deberían convocarlo pero el problema es –Aseguran en el ministerio– el hecho de que Moyano haya celebrado su propia elección y haya constituido un nuevo Consejo Directivo. Eso lo inhabilitaría para formar parte del antiguo.
Así se constituye el argumento que esgrimiría la cartera laboral para no citarlo. Pero aun cuando decidiera citar a Moyano, al titular de los peones rurales, Gerónimo Venegas, al bancario Sergio Palazzo y al secretario general de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid –quienes también integraron la mesa de negociación del año pasado, todavía permanecen como aliados del camionero e integran su nuevo Consejo Directivo– varias fuentes consideraron que no conseguirán “embarrar la cancha” y que la negociación no se complicará “al menos por discusiones dentro del sector sindical”.
Los moyanistas no aceptarán sin pataleos que no los llamen y Schmid ya reclamó que se los incluya. En esa línea, indicó: “Varios de nosotros estamos nombrados por decreto en el Consejo.”
Los antimoyanistas –por su parte– fueron recibidos por la presidenta Cristina Fernández el lunes pasado en Casa Rodada, lo que les valió el reconocimiento oficial. En un intento por ningunear al líder camionero, la primera mandataria dijo que no se tratará de un grupo “anti-alguien”. Sin embargo, lo que aglutina al variopinto y heterogéneo conjunto de sindicalistas es justamente la convicción de que el tiempo de Hugo Moyano al frente de la central obrera terminó.
Luego de ese encuentro –en el que la presidenta anunció que se convocaría al Consejo, pero nada prometió en torno a la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias– los antimoyanistas indicaron que el incremento del salario mínimo vital y móvil debería ser del 25%, en línea con el incremento salarial obtenido por los industriales de la UOM. Ese porcentaje implicaría elevar el actual piso salarial de $ 2300 a $ 2875.
Las declaraciones de Moyano en el estadio de Ferro, minutos después de las elecciones que lo proclamaron ganador de un tercer mandato, en la a partir de ahora fracturada CGT en torno de la necesidad de modificar el voto de cara a las elecciones legislativas de 2013, que luego ratificó en entrevistas con la prensa, ya despertaron resquemores entre sus aliados.
Schmid dijo públicamente que todavía se está “lejos” de tener que pensar en eso. No fue el único moyanista que evitó referirse al tema. Otra fuente del sector estimó además, que “realizar especulaciones sobre lo electoral es apresurado”.
Y sin ir más lejos, la interna dentro del moyanismo parece recrudecer entre quienes buscan exacerbar las diferencias con el gobierno y quienes no quieren volar los puentes con la Casa Rosada. En este segundo grupo quieren “recordar y destacar lo que se hizo bien, pero señalar lo que falta”. En esa pugna, hay dirigentes que se reconocen “incómodos”.
Sin embargo, desde el moyanismo advirtieron que “la conflictividad va a seguir” y esto lo atribuyen a que el gobierno no da respuesta a la agenda de la CGT, cualquiera sea la central obrera de la que se hable, ya que ambos grupos tiene más o menos los mismos reclamos (suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, modificación de los topes para las asignaciones familiares y convocatoria al Consejo del Salario, entre otros). “Si no hay respuesta, los problemas van a seguir estando y los conflictos también”, advirtieron.
Una vez que finalice la negociación del Consejo del Salario –que la cartera laboral espera en cerrar en menos tiempo que el año pasado– se avanzará a toda máquina con la nueva ley de Riesgo de Trabajo. En ocasiones anteriores las que las iniciativas se estancaron por falta de consenso y por el especial rechazo de la UIA a ciertos puntos del borrador, como la inclusión de las comisiones mixtas en las empresas y la continuidad del accidente in itinere y la doble vía.
Aunque no trascendió cuál será la propuesta de la iniciativa en torno de esos temas conflictivos, sí se sabe que se intentará modificar el concepto sobre el que está basada la ley y se virará desde la reparación hacia la prevención.
En la versión 2012 de la intención de cambiar la ley, la cartera laboral no intentará buscar el consenso con todas las cámaras empresarias y con las centrales obreras, sino simplemente la “aceptación de la necesidad de una nueva ley”, y en función de eso terminará de estructurar el articulado.
Así, a cada uno de los consultados por la cartera laboral se le solicitará que manifieste por escrito sus apreciaciones. En una primera instancia, se pedirá especificación sobre los fundamentos por los que el actor en particular considera que es necesario cambiar la ley, los puntos de la iniciativa con los que acuerda y luego pedirá que cada sector haga las objeciones sobre el articulado. Sin embargo, para llegar a este punto, habrá que pasar el escollo del Consejo del Salario.
