La Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF) repudió lo que consideró una «criminalización de las protestas en Argentina», respaldó a las organizaciones del país que forman parte de esa entidad y se solidarizó ante «los posibles embates autoritarios que infrinjan las libertades sindicales y laborales, como el intento de cobro de multas».
La ITF, que reúne a más de 20 millones de trabajadores del transporte de 670 sindicatos en 150 países, y a la que están adheridos los gremios argentinos, expresó su «enérgico repudio» a la carta-documento enviada por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich al Sindicato de Camioneros y a otros gremios.
La organización sostuvo que «el intento de implementar castigos económicos por ejercer el derecho a manifestarse y presentar un escrito en sede judicial para impugnar un decreto de necesidad y urgencia (DNU) linda con prácticas de gobiernos totalitarios y autoritarios y es tan inconstitucional como el propio DNU que está siendo impugnado», puntualizó.
«Aunque se comprende la importancia de mantener el orden y la seguridad pública, es inaceptable que en un país en el que de forma presunta rige la democracia y la libertad de expresión y asociación sindical se produzca semejante avasallamiento», afirmó.
Además, sostuvo que Argentina es signataria de varios convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como el 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación y el 98, sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva.
«Esos convenios subrayan la importancia de garantizar la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, que están amenazados por la imposición de multas económicas a los trabajadores que participan en manifestaciones sindicales, como una forma de desincentivar la participación en actividades gremiales legítimas», cuestionó la ITF.
La entidad mundial aseguró que el cotitular de la CGT Pablo Moyano, quien participó en «aquella pacífica movilización para presentar un escrito en representación de la CGT», es un «referente sindical nacional y vicepresidente de la ITF», por lo que «siempre tendrá, al igual que los demás gremios, el respaldo internacional y la solidaridad global ante este o cualquier otro posible embate autoritario que infrinja las libertades sindicales y laborales».
«La ITF condena la criminalización de la protesta y, en especial, las actitudes amedrentadoras como el intento de cobrar supuestos e incomprobables gastos por algún operativo de la fuerza pública, que ya percibe su salario y partida presupuestaria justamente para cuidar y preservar el orden público en estas situaciones», remarcó.
También sostuvo que «estas actitudes de violencia política deben cesar de forma inmediata, porque los sindicatos son parte de la solución y no del problema», y agregó que «el movimiento de trabajadores es una pieza fundamental para el diálogo social por el que la OIT y los países democráticos y civilizados bregan, por lo que resulta alarmante percibir que la Argentina dejaría de ser parte de ellos», a la vez que urgió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a «retrotraer estas medidas amedrentadoras para promover el consenso, el diálogo y la negociación».
«La ITF continuará monitoreando la situación y no escatimará medidas nacionales e internacionales para velar por los derechos de todas las organizaciones afiliadas, por el bien de los trabajadores del transporte y de la sociedad argentina en su conjunto», afirmó.
El Ministerio de Seguridad intimó a Camioneros y a otros sindicatos a pagar sumas millonarias por haber protestado el 27 de diciembre último en los Tribunales.
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