La Justicia le exigió al Gobierno que brinde explicaciones sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lo habilita a tomar nueva deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida fue dispuesta por el juez del fuero Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, quien le pidió al Ejecutivo Nacional que se manifieste en los próximos cinco días respecto de la nueva norma y que aporte “toda la documentación que consideren oportuna y procedente”.

La resolución de Cormick responde a una medida cautelar que presentaron el economista Claudio Lozano y un grupo de abogados y dirigentes políticos para que se suspenda de inmediato la vigencia del decreto, que fue ratificado por la Cámara de Diputados la semana pasada. Los denunciantes sostienen que la decisión de Javier Milei viola varios artículos de la Constitución Nacional y el principio republicano de la división de poderes. Por ese motivo, buscan que la Justicia “ordene al Poder Ejecutivo a no firmar con el FMI ninguna operación de crédito público que se realice en el marco de la aprobación dispuesta por el DNU N° 179/2025”.

En los fundamentos de la presentación aparecen cuatro claves. La primera es que el Gobierno se “autodelegó facultades legislativas” y aprobó “operaciones de crédito público futuras con el FMI sin especificar el contenido del programa ni establecer límites o bases para la negociación”. Una maniobra que está prohibida por la Constitución Nacional (artículos 4, 75 incisos 4 y 7, y 76). La segunda es que el DNU “no cumple con los requisitos de ser sobre materias determinadas de administración o emergencia pública, con plazo fijado y con bases establecidas por el Congreso”. En este punto, dicen los denunciantes, que viola el artículo 76 de la Constitución.

La tercera clave que plantean es que la Casa Rosada “no justifica la necesidad y urgencia (del DNU) para obviar el trámite legislativo ordinario, ya que el Congreso se encuentra en sesiones” y remarcan que, por ese motivo, no respeta el artículo 99 inciso 3 de la Constitución. “El DNU no responde a una situación coyuntural, sino que pretende establecer una norma permanente derogando implícitamente la Ley N° 27.612 que exige la aprobación del Congreso para acuerdos con el FMI”. Por último, la presentación expresa que, con la autodelegación de facultades legislativas para endeudar al país sin límite, el Ejecutivo “se arroga una supremacía que podría poner en riesgo la fortuna de los argentinos” y supone una potencial violación al artículo 29 de la Constitución.

Tras evaluar los fundamentos de los denunciantes, el magistrado le requirió al gobierno nacional que aporte información y su postura respecto del DNU de Milei. En ese sentido, señaló que “corresponde dar vista a las demandadas por el término de cinco días a fin de que se manifiesten en relación a la nueva norma vigente -acompañando toda la documentación que consideren oportuna y procedente”.

Además de Lozano, la denuncia fue realizada por el abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo; el abogado coordinador del área de Derecho y Nuevas Tecnologías, Marcos Zelaya; y la ingeniera fundadora del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, María Eva Koutsovitis. Radicaron esa acción de amparo colectivo para que la Justicia “declare la nulidad absoluta e insanable y la inconstitucionalidad del DNU 179/2025 y de cada uno de los actos que deriven de su vigencia o llevados a cabo en su cumplimiento”.

En la previa del anuncio

El pedido del juez Cormick se conoció unas horas antes de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipara que se llegó a un acuerdo con el staff del FMI para obtener un nuevo crédito por 20.000 millones de dólares, que deberá ser aprobado por el directorio del organismo. El anuncio lo realizó durante una conferencia en la Bolsa de Comercio, en donde Caputo también acusó a la oposición de querer “desestabilizar” al Gobierno.

“Por un lado, una marcha violenta (la de los jubilados) y después hubo una fuerte intervención de la oposición del más alto nivel para tratar de voltear la sesión en el Congreso donde se pedía la posibilidad de tener un acuerdo con el FMI”, afirmó. Además, se quejó por la carta que los senadores de Unión por la Patria le enviaron el FMI para advertirle que avanzar en un nuevo préstamo con Argentina a través de un DNU y sin la autorización del Congreso va en contra de la Constitución.

Complicidad de los aliados

El polémico decreto presidencial fue aprobado por la Cámara de Diputados el jueves de la semana pasada con 129 votos a favor. La iniciativa fue apoyada por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal, Producción y Trabajo y la mitad de Encuentro Federal. También votaron a favor el diputado de Por Santa Cruz José Luis Garrido; de Creo Pamela Omodeo, el fueguino Ricardo Garramuño, de Unidos Mario Barletta.

En contra hubo 108 votos negativos de legisladores de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y los radicales disidentes de Democracia para Siempre. En tanto se abstuvieron los diputados de Encuentro Federal Nicolás Massot, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Oscar Agost Carreño; el radical Martín Tetaz y Lourdes Arrieta de Fuerzas del Cielo.