La Justicia porteña lo decidió en el caso del ex interventor de la Administración General de Puertos durante el macrismo por “irregularidades” en la contratación de INDRA SA.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento a un ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el macrismo, Gonzalo Mórtola, por supuesta violación de deberes de funcionario público, a raíz de la contratación directa de una consultora por casi un millón de dólares. La Justicia constató “irregularidades evidenciadas en las actuaciones administrativas“, que derivaron en la contratación de la empresa INDRA SA.
La sala I del Tribunal de Apelaciones avaló así una decisión del juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, quien procesó a Mórtola en septiembre del año pasado sin prisión preventiva y con un embargo de 400 mil pesos, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron el procesamiento ante las “irregularidades evidenciadas en las actuaciones administrativas”, que derivaron en la contratación de INDRA SA y “el contexto en que fueron adoptadas” esas resoluciones de parte del ex interventor. La empresa en cuestión es una multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros; así como servicios al sector público como privado.
En disidencia, el tercer integrante de la sala Pablo Bertuzzi votó por revocar el procesamiento, dictar falta de mérito y profundizar la investigación. “Para habilitar una contratación directa, la normativa aplicable exigía el deber de fundamentación, tanto respecto de la necesidad de especialización como de la capacidad (científica, técnica o artística, según el caso) del contratista”, analizaron, por su parte, los camaristas Bruglia y Llorens al confirmar el procesamiento.
En el caso particular “a partir del cotejo de las actuaciones administrativas cabe concluir que ese deber no fue cumplimentado”.
“El informe técnico invocado sólo contiene afirmaciones genéricas, sin enunciar datos precisos y objetivos, al tiempo que carece de documentación respaldatoria“, concluyó la Cámara. En esa línea, indicaron que Mórtola, entonces interventor de la AGP, “se apartó de lo prescrito en las disposiciones reglamentarias, toda vez que la especialidad no fue efectivamente examinada, ni fundamentada, previo a resolver la contratación directa” que se hizo por 940.508 dólares.
El objetivo de la contratación consistió en la obtención de antecedentes y datos técnicos para la elaboración de las bases licitatorias para llevar adelante la licitación de las nuevas Terminales Puerto de Buenos Aires en 2016 y 2017.
Con información de Télam
