Un grupo de diputados radicales, macristas y massistas había pedido que se detuviera el proceso iniciado en la Comisión de Juicio Político para analizar la salud del juez de 97 años.
La jueza subrogante en lo contencioso administrativo federal Macarena Marra Giménez rechazó hoy un pedido para suspender el proceso iniciado al juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt, en la Cámara de Diputados. Se trataba de un pedido que había sido presentado por un grupo de diputados opositores para frenar las audiencias secretas de la subcomisión que creó la Comisión de Juicio Político.
Trece diputados de la oposición, entre los que se encuentran radicales, macristas y massistas como Mario Negri, Federico Pinedo, Fernando Sánchez, Graciela Camaño y Pablo Tonelli, entre otros. El planteo de este grupo de diputados era que debía declararse la inconstitucionalidad del procedimiento al entender que la Comisión violó el reglamento.
La jueza Marra Giménez rechazó “in limine” (sin tratar el fondo del pedido) el amparo porque entendió que los diputados no tienen legitimidad necesaria para reclamar por la situación de Fayt. En su fallo, la magistrada sostuvo que “quien acciona debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o que los agravios expresados lo afecten de manera directa o sustancial, concreta o inmediata” y señaló que en este caso “no existe legitimación de los actores, sea en el específico carácter de diputados nacionales o, bien, en su condición de ciudadanos”.
“En cuanto al carácter de diputados nacionales, la carencia de legitimación aparece nítida porque tal calidad solo los habilita para actuar como tales en el ámbito que integran y con el alcance otorgado por tal función por la Constitución Nacional”, explicó la jueza.
Para la magistrada “el legislador no tendría legitimación activa cuando lo que trae a consideración de un tribunal de justicia es la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo por el juego de las mayorías y minorías respectivas”.
Los diputados de la oposición apelaron el fallo para que sea revocado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y criticaron la resolución de la jueza.
Los legisladores sostuvieron que “si los ciudadanos no pueden exigir el cumplimiento de la Constitución Nacional, si tampoco pueden hacerlo sus representantes, los Diputados de la Nación, ¿quién tiene legitimación activa para exigir el respeto irrestricto de la norma que nos define como Nación, como Estado y como comunidad política? Nada más arbitrario y peligroso para nuestra democracia constitucional que la lisa y llana denegación del acceso a la justicia”.
