Por:
hernan brienza
Es cierto que después de cuatro años de que la Ley de Medios durmiera el sueño de los justos la Corte Suprema de Justicia dará su veredicto final sobre el artículo 161 que trata la adecuación de los grupos económicos mediáticos a la ley que creó, votó y defendió una amplia mayoría del pueblo argentino? ¿Es real lo que se comenta en los pasillos de Tribunales, que la Corte está empatada tres a tres y que falta el voto que defina la suerte de la Ley de Medios que creó, votó y defendió una amplia mayoría del pueblo argentino? ¿Tan frágil es la voluntad popular que siete personas –o una en este caso– pueden manejar el destino de 40 millones de argentinos que votaron en elecciones limpias a sus candidatos? ¿Ese es el mentado equilibrio de poderes? ¿Es verdad que el propio presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, después de armar dentro de la Corte la mayoría opositora a la ley, votaría a favor en un juego maquiavélico? ¿Puede ser posible que la justicia diseñe un fallo sólo para favorecer al principal grupo económico mediático del país?
Hacia fines de 2009 una mayoría absoluta de los representantes del pueblo argentino votaron una Ley de Medios que suplantaba a una norma promulgada por la dictadura militar liderada por Jorge Rafael Videla. Aquella vieja norma, que nunca había podido ser modificada en democracia, establecía que sólo podían comunicar en la Argentina las empresas que tuvieran como único interés el fin de lucro. Es decir, sólo podían informar y comunicar aquellos que tenían como único principio el de reproducir su propio capital a costa de la noticia. La Ley de Medios, como siempre bien dice la defensora del Público Cynthia Ottaviano, llegó para decirnos a los argentinos que la comunicación y la información no son simples mercancías sino derechos de la ciudadanía. Y que de ahora en más, también podrían comunicar e informar los estados municipales, provinciales y nacionales, y sobre todo –en mi opinión he aquí la mayor riqueza de la ley–, la sociedad civil a través de las Organizaciones No Gubernamentales. Esta es la lógica más radical de desmonopolización de la comunicación. Porque ya no informa solamente el que quiere “ganar guita”. Por primera vez en muchos años tienen derecho a informar aquellos que sólo quieren informar su mensaje: los pueblos originarios, los sindicatos, las iglesias, las agrupaciones políticas, vecinales, de fomento.
Desmonopolizar siempre es un acto democratizador. Quitarles privilegios a los poderosos siempre es un hecho que pone en práctica a la democracia. No puede ser justo, estimados jueces de la Corte, que un solo grupo económico pueda decidir qué canales y cuáles no pueden ver los argentinos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Un solo operador de cable no puede controlar lo que ven los televidentes. El Grupo Clarín no puede tener derecho a obligar a 40 millones de personas a ver lo que el monopolio quiera. No hay derecho que pueda asistir tamaño despropósito. Libertad de expresión, también es libre competencia. Y no es una cuestión política entre un gobierno y un grupo económico, es una razón de Estado que se enfrenta a las corporaciones.
La semana pasada se conoció un nuevo apriete del CEO de Clarín, Héctor Magnetto, contra un periodista opositor al grupo mediático, Víctor Hugo Morales. ¿Ese es el modelo de libertad de expresión que quieren los ministros de la Corte? ¿Que el hombre más poderoso del periodismo tenga la capacidad para perseguir y acallar a quienes no responden a sus designios?
¿Desean que la libertad de expresión sea la del zorro en el gallinero? Es hipócrita hablar de defensa de la libertad de prensa si sólo se intenta defender el derecho de un grupo empresario a acallar a periodistas de 6,7,8 y de Tiempo Argentino, como ocurrió curiosamente el año pasado, una semana antes del fallo de la Cámara Federal en el fuero civil y Comercial, y sucede ahora con Víctor Hugo Morales. ¿Son una forma de marcarles la cancha a los ministros de la Corte Suprema las denuncias previas del Grupo Clarín?
Nada hay más repudiable que un empresario de medios queriendo castigar a un periodista. Sobre todo en el marco de un gobierno democrático que dejó sin efecto las calumnias e injurias para que muchos periodistas pudieran disparar sus mentiras con licencia para lastimar. ¿Es cierto que la Corte Suprema va a asegurarle a Magnetto que el mercado de la comunicación será un coto para que el CEO de Clarín pueda llevar adelante con impunidad su cacería? ¿De verdad la justicia será tan injusta?
(Digresión final: Hablando de periodismo y periodistas, me veo en la obligación de hacer una aclaración de mis propias palabras de la semana pasada. En la sucesión de preguntas sobre el Caso Milani cometí una injusticia apreciativa. Utilizar los términos “bandas de inteligencia” en el mismo párrafo en que aparece el CELS que dirige Horacio Verbitsky es una injusticia conceptual y puede ser leído, evidentemente, de manera diferente a la que fue mi intención. Y es más, puede ser interpretada como una verdadera miserabilidad de mi parte teniendo en cuenta las acusaciones injustas a las que es sometido Verbitsky habitualmente por parte de personajes que no le llegan a los talones y que militan en las filas de la derecha más rancia de este país. Quiero aclarar que no considero ni que el CELS ni su titular formen parte de ninguna “banda de inteligencia” y que esa frase se refería a internas cruzadas dentro del Estado. Dicho esto, sigo pensando que, a pesar de que el CELS le advirtió la semana anterior a la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sobre las críticas y las reservas sobre el ascenso de César Milani, la oportunidad de su comunicación el lunes a la mañana en pleno tratamiento de la Comisión de Acuerdo del Senado fue desafortunada. El que avisa no es traidor, dice el dicho popular, entonces. Y comprendo las diferentes lógicas entre las razones de conciencia del CELS y las razones políticas del gobierno nacional, y me pregunto: ¿en esta encrucijada qué racionalidad era más importante: la coherencia personal e institucional del CELS o la razón de Estado? Es discutible, por supuesto. Es posible que el prestigio del CELS no valga un Milani. Y yo puedo estar equivocado, pero creo que debería haber primado la razón de Estado no para ocultar los hechos sino para buscar otra forma de resolución del conflicto que no dejara expuesta a la presidenta en el momento actual. Por lo demás, todo es absolutamente discutible. Incluso si las decisiones del Estado pueden o deben estar atadas a las apreciaciones de organizaciones no gubernamentales muy prestigiosas. Pero esto es otra historia)