Tras el llamado a indagatoria de 22 integrantes -entre ellos tres dirigentes- de movimientos sociales por malversar dinero destinado a la asistencia, el gobierno escaló su enfrentamiento con las organizaciones. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, salió a festejar la medida judicial con un mensaje: “Belliboni, se acabó la joda”. Y es que entre los citados a declarar está Eduardo Belliboni, el titular del Polo Obrero, que también habló: dijo que no tiene nada que ocultar y anticipó que cuando sea indagado, junto con las explicaciones que le pida la justicia, aprovechará para denunciar a los ministros de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis Caputo, por la pobreza que generan sus políticas.

Las indagatorias fueron dispuestas por el juez federal Sebastián Casanello, que en otra causa –se trata de dos expedientes diferentes– ordenó al ministerio de Capital Humano que presente un plan de distribución de los 5 millones de kilos de alimentos comprados por el gobierno anterior para los comedores comunitarios, pero retenidos por la gestión de Pettovello. La confrontación del gobierno libertario con las organizaciones sociales está totalmente judicializada, aunque tiene varios brazos. Lo que pasa en los tribunales se complementa con una campaña en los medios y con el escenario de la calle.

El caso concreto del expediente de las indagatorias fue iniciado por una denuncia del ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, en su batalla por sacar a los movimientos de la calle. En esta investigación, 27 integrantes de tres organizaciones sociales –el Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie– fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita de coacción, extorsión y administración indebida. La causa fue abierta con los llamados que el ministerio reunió al habilitar la línea telefónica 134 para recibir denuncias contra los movimientos, el mismo día que hicieron su primer marcha contra la gestión de Milei. A principios de este mes, la policía realizó 27 allanamientos a comedores, locales de las organizaciones y viviendas de los imputados, de donde se llevó teléfonos celulares y documentación. Siete denuncias al 134 –luego ratificadas– y el material secuestrado son la prueba para las indagatorias.

Al ordenarlas, el juez Casanello planteó en primer lugar que existen elementos para sospechar que el Polo Obrero y su cooperativa El Resplandor habrían simulado gastos a través de las firmas Ediciones e Impresiones Rumbos SRL y Coxtex S.A, presentando facturas truchas “para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” del Potenciar Trabajo. Este programa deposita el pago del plan en cuentas bancarias individuales de los beneficiarios, pero además destinaba a las organizaciones sociales fondos para impulsar los emprendimientos. Se supone que esos fueron los fondos mal rendidos.

Casanello dijo en su escrito que “se trató de montos significativos” que fueron “desviados para financiar actividad partidaria”.

En segundo lugar, el juez indicó que también existen elementos para sospechar que los referentes exigieron a beneficiarios del Potenciar Trabajo “que concurrieran a movilizaciones político partidarias”, que aportaran dinero e incluso que votaran por un candidato en las elecciones bajo amenaza de que les harían perder la ayuda estatal.

Los 22 imputados fueron citados a declarar en fechas que van del 12 al 25 de junio. A Belliboni lo convocaron para este último día, que es justo el previo al aniversario de la Masacre de Avellaneda en la que fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.

La fecha tiene un enorme peso simbólico para las organizaciones sociales. Casualidad o no, las noticias del próximo 26 de junio, que históricamente es una jornada de reafirmación de la militancia social, estarán teñidas por una indagatoria en la que Belliboni deberá responder a la peor acusación que pueden hacerle, la de quedarse con el dinero de quienes representa.

La importancia del caso

Si se pregunta en las organizaciones, se escuchan distintos niveles de respuesta. En general, la lectura que hacen es que las acusaciones judiciales se enmarcan en una ofensiva del gobierno, que sigue la conocida máxima: no hay mejor defensa que un buen ataque. Su guerra contra los movimientos, plantean, tiene el objetivo de desviar la atención de los efectos de sus políticas.

Los abogados están definiendo su estrategia. Como la causa estuvo bajo secreto de sumario, recién ahora verán qué elementos de los secuestrados en los allanamientos fueron considerados prueba.

Hasta ahora se limitaron a pedir eximiciones de prisión y la nulidad de los allanamientos. Obviamente, el paso siguiente es ver si qué plantean sobre las pruebas que según el fiscal sostienen la acusación –los cargos son por coacción, extorsión y uso indebido de fondos para la asistencia social–. Pero el aspecto más importante de esta causa no es si hay o no pruebas, sino ver si la forma de organización que se dan los barrios recibe una condena.

Es que el fiscal Gerardo Pollicita considera que confeccionar listas de espera para acceder a alimentos, así como emplear un sistema de puntajes interno –a más participación en actividades, más puntaje– es prueba de los delitos de coacción y extorsión. Por este planteo, la causa no tiene solamente como imputados a vecinos de barrio, sino que llega a los dirigentes del Polo Obrero.

Estos modos de organizarse pueden ser cuestionables, pero que configuren un delito es cosa mayor, un antecedente peligroso. En Moreno se dió el caso de una mujer de un barrio muy humilde que abrió un comedor comunitario y que, por recaudar entre los asistentes para pagar el flete, porque el transporte no estaba cubierto, pasó cuatro años privada de la libertad.

Bullrich vs Belliboni

“Belliboni, se acabó la joda. A indagatoria, vos y 22 gerentes de la pobreza más. Ya era hora de que aquellos que explotan a los más vulnerables rindan cuentas. Cuando el cambio es a fondo, el que las hace, las paga”, publicó la ministra Bullrich en sus redes sociales apenas se difundió la decisión judicial.

Al gobierno confrontar con las organizaciones sociales le resulta redituable: las encuestas muestran que las medidas que viene tomando -especialmente el Protocolo antiprotestas, que impide a los manifestantes cortar la calle, y las denuncias judiciales- tienen respaldo de los votantes.

El titular del Polo Obrero habló sobre la indagatoria y de algunos de los cargos que se hacen a su organización. Aseguró que en los comedores del Polo “no se le pide ningún carnet a nadie” y defendió como “algo natural” que si un comedor necesita comprar una garrafa “le pida doscientos pesos” a los que asisten.

Sobre las listas de espera y las tomas de asistencia planteó que las organizaciones sociales eran, hasta diciembre, unidades de gestión de los emprendimientos del Potenciar Trabajo. Para cobrar el plan Potenciar, los beneficiarios debían dar una contraprestación –por ejemplo cocinando en los comedores–, y la organización social estaba obligada a tomar los presentes y pasarlos a Desarrollo Social.

Belliboni también dijo que los chats donde los beneficiarios del Potenciar dicen que se presentarán a cumplir un “castigo” se refieren a que incumplieron la contraprestación y se presentarían a trabajar otro día para compensarlo. Es decir que, por ahora, toda la discusión se mantiene dentro de los marcos formales de los deberes y obligaciones que implicaba el programa.

Por otra parte en un comunicado de prensa, el Polo Obrero señaló que la justicia “movió el arco, revelando que no se trata de la investigación de un delito sino de maniobras para ilegalizar a las organizaciones. Así, una causa que se tramitaba por denuncias por supuestas extorsiones para movilizarse pasa ahora a centrarse en la denuncia del desvío de los recursos de las unidades de gestión para un supuesto financiamiento político. Pero esos recursos fueron rendidos integralmente al Ministerio de Desarrollo Social, en el marco de los programas para los que fueron asignados. La mecánica consiste en saltar de un tema a otro, mediante allanamientos, intervenciones telefónicas y seguimientos, para intentar armar una causa que permita colocar el funcionamiento de las organizaciones fuera de la ley”.