Sindical/Nacional Fuente: TN
El Gobierno prepara el DNU que será publicado en el Boletín Oficial. Qué dicen en el sector productivo.
La noticia de la prórroga de la ley que prohíbe los despidos sin justa causa y la doble indemnización, no fue bien recibida en el sector empresarial e industrial. Aseguran que desalienta la creación de nuevos puestos de trabajo y aumenta los costos para los empleadores.
Considerada como una medida de emergencia para contrarrestar el impacto de la pandemia, el Gobierno nacional confirmó el jueves que extenderá la medida que vencía el lunes. Si bien aún no están confirmados los plazos de prórroga de ambas medidas, trascendió que la ley antidespidos estará vigente por 90 días más, desde el 29 de enero. En el caso de la doble indemnización sería hasta fin de año.
En ese sentido, comerciantes y dirigentes empresarios cuestionaron la decisión. Consideraron que atenta directamente contra la generación de empleo en un momento en el que se percibe una leve recuperación de la actividad económica tras el duro golpe de la pandemia durante el 2020.
Daniel Funes de Rioja, titular de COPAL, cámara de las alimenticias, y vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), señaló que algunas actividades comenzaron a mostrar signos de mejora e incluso, “lentamente”, se había empezado a crear empleo. “Prorrogar este triple cepo solo contribuye a generar incertidumbre y desconfianza en un sistema laboral que no ofrece respuestas adecuadas”, apuntó.
Desde la Cámara Argentina de Comercio (CAC) mostraron una postura similar al expresar que se trata de medidas que “llevan al fracaso”. Bajo su perspectiva, según sostuvo el titular de la entidad Mario Grinman generando nuevas fuentes de trabajo y se tienen que generar a través del sector privado,
El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, expresó el desacuerdo de la entidad que conduce con la prórroga adoptada por el Gobierno Nacional ya que entiende que no ayuda a resolver el problema de fondo, que es “sostener la masa salarial”.
“Nuestra propuesta desde el inicio de la pandemia es garantizar el compromiso de las pymes en cuanto a que si una persona deja la empresa, es automáticamente reemplazada por otra. Nosotros advertimos que la solución no pasa por la doble indemnización o los despidos, sino por sancionar leyes e impulsar acciones que generen trabajo argentino y potencien la creación de empleo genuino en nuestro país”, afirmó Rosato.
Con el fin de promover la producción nacional, el titular de IPA, dijo que están “trabajando desde hace tiempo junto a los sindicatos industriales, para llevar adelante el proyecto de Compre Argentino, que va a generar miles de puestos de trabajo”.
Por su parte, representantes de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), que representa a 230 entidades, mantuvieron una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y le pidieron poner en marcha herramientas para “incentivar el consumo”, además de poner fin a la prohibición de despidos y doble indemnización. Durante el encuentro, las partes analizaron la situación de las Pymes y evaluaron medidas que tiendan a la recuperación económica del sector.
Dentro de las propuestas de reactivación inmediata solicitadas por la entidad se propuso activar un plan de “fomento a la producción”, la creación de un fondo de ayuda para Pymes, y la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).
Además, FECOBA planteó la creación de un “plan estratégico de cogestión público-privada, orientada al estudio de medidas que impulsen el consumo y la actividad económica de las Pymes”.
La medida se remite al 30 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández ya había ordenado la cuarentena y decidió prohibir por decreto los despidos y suspensiones de trabajadores durante 60 días. Luego se prorrogó en cinco ocasiones. Esta orden para contener los despidos no alcanza a las personas que hayan ingresado a sus trabajos luego de decretada la emergencia sanitaria a causa de la pandemia de coronavirus, ni a los empleados públicos.
