Lo hizo el bloque de la UCR en el Senado. Contempla la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones por despidos, la reducción de las multas por no registración laboral y extiende el período de prueba a 6 meses.
A la espera de que el Gobierno envíe la nueva versión de la Ley Ómnibus que podría incluir un nuevo capítulo laboral, el bloque de la UCR del Senado presentó un proyecto propio de reforma laboral. Allí contempla la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones, reducción de multas y un período de prueba de 6 meses; tres puntos que incluía el DNU de Javier Milei que quedó suspendido por la Justicia.
Para marcar la cancha, el bloque del Senado picó en punta de la mano de su jefe de bloque, Eduardo Vischi, quien junto a otros legisladores que también responden a gobernadores presentó un proyecto de reforma laboral propio, que nuclea otras propuestas que la bancada ya había presentado sobre el tema.
«El Bloque ya tenía antecedentes de proyectos. Veremos qué llega del gobierno al Senado eventualmente, pero esto es independiente de eso», aseguraron desde la UCR a Clarín.
Lo cierto es que la iniciativa plantea tres puntos clave, que estaban incluidos en el DNU de Milei.
Sin embargo el proyecto no establece otras cuestiones que proponía el Gobierno como que los bloqueos sean causal de despido, un punto que abrió el debate sobre el alcance del derecho a huelga.
En la creación de un fondo de cese laboral, el proyecto radical estipula que el empleador va a pagar un seguro mensual del 12 % el primer año y después será del 8 %. Fija que el fondo lo administre la ANSES, «que tendrá la obligación de preservar el capital invertido», aclaran.
En el DNU presidencial se disponía un seguro de desempleo en reemplazo para las indemnizaciones pero voluntario: planteaba que debía acordarse por convenio colectivo, en acuerdo entre las partes. Señalaba que el aporte no podría superar el 8% mensual. Además, reducía el cálculo de la indemnización por despido.
“Producto de estos 20 años de malas políticas en materia laboral y por la falta de una necesaria visión de cambio al respecto, la conflictividad laboral se incremento en empresas impactando negativamente en el pasivo de las mismas por el alto costo que tienen las indemnizaciones”, señala el texto en los fundamentos.
El Gobierno nacional en su DNU reducía las multas a empresarios por no registración o registración defectuosa. La iniciativa del radicalismo también reduce multas.
Por su parte, mientras el decreto del Ejecutivo extendía el período de prueba a ocho meses, la iniciativa radical lo extiende a seis meses.
El proyecto también establece la obligación de pago mediante medios electrónicos «asegurando así la trazabilidad de las remuneraciones y protegiendo derechos de los trabajadores».
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