La empresa en cuestión es la propietaria de unas 12000 hectáreas de campo dentro de las cuales está el Lago Escondido y la residencia del norteamericano, quien invitó a “pasear” al predio a jueces, fiscales, funcionarios porteños, de acuerdo a un presunto chat filtrado en diciembre.
Por segunda vez consecutiva, la Justicia rechazó la intervención de la empresa “Hidden Lake SA”, del magnate Joe Lewis, luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) reiterara su pedido por considerar que se trataba de una “sociedad ficticia”. La empresa en cuestión es la propietaria de unas 12000 hectáreas de campo dentro de las cuales está el Lago Escondido y la residencia del norteamericano, quien invitó a “pasear” al predio a jueces, fiscales, funcionarios porteños, de acuerdo a un presunto chat filtrado en diciembre.
El juez Diego Paz Saravia resolvió “desestimar la intervención de Hidden Lake SA solicitada por la Inspección General de Justicia en forma cautelar”, aunque mantuvo abierto el expediente en el que se cuestiona el funcionamiento y el objeto social de la empresa de Lewis.
Concretamente, la IGJ había pedido a la empresa que “informe si desde Abril de 2022 inclusive, hasta el presente, existió cambio de accionistas y en su caso, identificarlos, indicando los porcentuales de tenencia correspondientes en relación al capital social”. Esta segunda presentación judicial señalaba que el supuesto viaje confirmaba dichas anomalías. “La actividad turística constituye un acto notoriamente extraño al objeto social de dicha sociedad”, indicaba.
Específicamente, el escrito reclamaba a la empresa que “informe qué relación contractual y/o relaciones contractuales tiene o ha tenido la sociedad con el Grupo Clarín y/o con cualquier entidad integrante del mencionado conjunto económico, en especial en lo relativo a la recepción y alojamiento de personas”.
La IGJ explicó en su pedido de intervención que Hidden Lake negó modificación alguna de su estructura pero “en ningún momento aclaró en qué marco se realizó la reunión celebrada en la propiedad rural de la que es titular, con la presencia de destacados funcionarios, magistrados, fiscales y personas vinculadas al Grupo Clarín”.
Pero el juez Paz Saravia, tras analizar la presentación, concluyó que la IGJ “no ha logrado demostrar la necesidad de que la sociedad sea intervenida en resguardo del interés público”. “La prueba documental arrimada y precedentemente analizada no permite avizorar en esta instancia preliminar del proceso que exista una conducta u omisión que lo vulnere, ni que exista un peligro inminente y grave que conlleve a intervenir la sociedad”, resumió el magistrado.
El viaje a Lago Escondido
La sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó recientemente el pedido del abogado Marcelo Hertzriken Velasco para ser querellante en la causa que investiga el viaje de jueces y funcionarios de CABA a Lago Escondido, y en el mismo fallo aceptó la excusación para intervenir en el caso planteada por el juez Carlos Mahiques, uno de los viajeros VIP e integrante de esa sala.
Con esta decisión, firmada por los otros dos integrantes de la sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, se desprende que será la sala I la encargada de definir si la causa por el viaje de cuatro jueces a la estancia del magnate británico Joe Lewis sigue tramitando en el fuero federal de Bariloche o si pasa al ámbito -más controlado- de Comodoro Py.
Hertzriken Velasco, abogado de la ciudad rionegrina de General Roca, fue el primer denunciante del viaje que los magistrados realizaron a Bariloche para pasar unos días en Lago Escondido. En su presentación, del 24 de octubre último, solicitó que se investigara si el vuelo y la estadía habían sido financiadas por terceras personas o alguna empresa, lo que en ese caso podría configurar el delito de “dádivas”.
El letrado había solicitado ser aceptado como querellante, pero la pretensión fue rechazada en primera instancia y lo mismo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca el 15 de febrero último, donde desechó los argumentos de Hertzriken Velasco.
El abogado había basado su petición para ser incorporado al expediente como particular ofendido apelando a su condición de “ciudadano, abogado y presidente de una fundación”, y además había advertido que la imposición de costas en su contra buscaba “operar como disuasivo hacia la sociedad para que no haga denuncias contra jueces”.
Sin embargo, la Cámara de General Roca consideró que no había fundamentado cuál “había sido la lesión u ofensa” directa que le había generado el viaje de los cuatro jueces, realizado el 13 de octubre por la empresa Flyzar y que concluyó en el aeropuerto de Bariloche, donde fueron recibidos por dos directivos del Grupo Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey.
Con información de NA
fuente :el destape
