El material requisado en las empresas del asesor del PRO arrojó a la luz resultados escandalosos: la campaña sucia contra Filmus, redes de espionaje y una constelación de sociedades beneficiadas con licitaciones y adjudicaciones directas.
El 11 de septiembre pasado, Tiempo Argentino reveló con detalle cómo se había ejecutado la campaña sucia contra Daniel Filmus, condicionando de forma imposible de medir el resultado de las elecciones para jefe de gobierno porteño. Ahora, Tiempo presenta las pruebas de que esta maniobra para desprestigiar al candidato del Frente para la Victoria fue efectivamente orquestada en las sombras por Jaime Duran Barba, el principal asesor de Mauricio Macri. También quedará demostrado que la constelación de consultoras a las que está vinculado el gurú ecuatoriano, además de haber sido beneficiadas con licitaciones y adjudicaciones directas, fueron claves en la estrategia electoral del PRO, incluso en relación a los comicios para elegir intendente en la localidad de Vicente López, celebrados el pasado 23 de octubre.
Esas precisiones, y muchas otras que rozan el escándalo, integran el resultado de las pericias que ya tiene sobre la mesa de su despacho la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría, a cargo de la causa número 2663/11 que, desde el 5 de julio de este año, investiga la denuncia presentada por Filmus. Ese profuso material también arroja luz sobre otros casos similares, que permiten perfilar el accionar de Duran Barba y su equipo de trabajo, más cercano al espionaje, el lobby y las operaciones de desprestigio que podría ejecutar un aparato de propaganda, que a las tareas que el sentido común asigna a una consultora privada.
Lo primero a tener en cuenta es que, de las computadoras secuestradas durante los allanamientos en sedes de las empresas Tag Continental, Connectic SRL y NSS, se obtuvieron bases de datos con los números telefónicos de las cinco personas que recibieron los llamados a partir de los cuales se originó la presentación judicial. Fueron parte de los cientos de miles de abonados sometidos a un cuestionario ideado para calumniar al senador Filmus y mellar su imagen entre los votantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, del rastrillaje efectuado sobre los soportes informáticos, surgió un “Acuerdo de confidencialidad y no competencia”, fechado el 25 de noviembre de 2008, entre Duran Barba, el también ecuatoriano Santiago Nieto y Rodrigo Lugones, por una parte; y José Guillermo Garat, Nicolás Marcó y Martín Vicente Peluffo, por otra. El primer trío, representantes de la denominada “Parte Encuestadora”, junto a los otros empresarios, la “Parte Call Center”, sellaron lo que, en palabra de los peritos intervinientes, constituyó un “acuerdo societario no inscripto”, que se pretendió marginar de los trámites de la legislación vigente en nuestro país. Para abonar esa conclusión, los investigadores remarcaron que, a su vez, Lugones y Garat ya habían conformado, días antes, la firma Opinión Confidencial SRL, donde ambas partes venían confluyendo.
Ese pacto fue negado por Duran Barba cuando, una vez que llegaron las acusaciones de Filmus y estalló el escándalo, mantuvo el secreto ante las preguntas de la prensa. A pesar de que con Lugones y Nieto integraba la rama encuestológica del acuerdo de confidencialidad, el gurú de Macri alegó no tener nada que ver con los personajes en danza.
Por un lado, dijo que Lugones fue su alumno en la universidad y que compartieron varias campañas, pero que en ese momento se encontraba en México y no tenía nada que ver con el affaire electoral. Casualmente, esa deriva mexicana podría volvérsele en contra: en los archivos inspeccionados figuran grabaciones de encuestas telefónicas realizadas con motivo de las elecciones para gobernador del estado de Veracruz, en julio de 2010, durante las cuales también hubo acusaciones de maniobras difamatorias contra uno de los postulantes. Por lo pronto, en los audios se puede detectar una estrategia bastante similar a la desplegada para la campaña sucia contra el kirchnerismo porteño (ver página 4).
En la misma conferencia de prensa, sin que le temblara la voz, el consultor también había asegurado: “No tengo ninguna empresa en la Argentina. Tengo la oficina de Duran Barba y Asociados, donde tengo una participación moral porque no tengo acciones, donde formo gente en mi profesión. No tengo nada que ver con Tag Continental y no conozco a Connectic.”
Esa supuesta distancia con el mundo de los negocios y con las sociedades salpicadas hace agua cuando se la contrasta con varios de los documentos incorporados a la causa. En principio, existe un archivo de Powerpoint que promociona las virtudes de las nuevas técnicas de consultoría y lleva tanto el logo de Duran Barba y Asociados como el de Connectic. Otro ejemplo: en una de las PC secuestrada se encontró copia de una cesión de cuotas de Connectic en favor de Garat y de Lucrecia María Cornejo, que se alzaron con el 80% y el 20% del paquete accionario, respectivamente. Como se ve, Garat es un nombre repetido en el archipiélago societario de las operaciones de Duran Barba supervisa en la Argentina. Extrañamente, este último insiste en desconocer las andanzas de su alter ego. Por otra parte, Connectic fue la misma consultora que relevó las preferencias del electorado de Vicente López, con más de 20 mil casos recabados en un distrito favorable para el PRO y donde Jorge Macri terminaría ganando la intendencia.
Con respecto a los dichos de Duran Barba sobre que no tiene ninguna inversión ni empresa en el país, los allanamientos también aportaron dos planillas con una nómina de personal y las sociedades con las cuales se vinculaban, entre las que figura una etiquetada como “Duran Barba”. Asimismo, estos listados incluyen los datos de contacto de cada uno de los miembros de las consultoras, así como sus cargos: en el caso del asesor macrista, su tarjeta lo señala como presidente de la firma que lleva su propio nombre.
Por último, otro de los anexos incluidos en el peritaje entregado en sede judicial el pasado miércoles, informa a que el 8 de mayo de 2011, de nuevo Garat, pero esta vez como representante de Tag Continental LLC, selló un contrato con la firma Terramark North América Inc., con sede en Miami, para obtener el servicio de gestión e interconexión de redes públicas y privadas (conocido en la jerga técnica como peering), además de la conectividad a las redes globales. Vale recordar que en el expediente ya se pudo consignar que algunos de los llamados telefónicos que buscaron deshonrar a Filmus fueron realizados desde líneas en los Estados Unidos.
Por lo pronto, ante la novedad de este plexo probatorio, una alta fuente vinculada a la causa confirmó que para la justicia ya no quedan dudas sobre quién fue el responsable de la campaña sucia.
Se acerca entonces el tiempo de pagar las culpas.
fuente : tiempo argentino
