Aunque lleva casi cinco años de trámite, la causa judicial que investiga el presunto lavado de dinero por parte de 469 empresas –entre ellas el Grupo Clarín, su primera línea ejecutiva a título personal, y otras empresas satélites del holding– no recibió impulso del fiscal Guillermo Marijuan, y todavía se encuentra en una etapa primaria de la instrucción. La semana pasada, el juez federal Sergio Torres envió un exhorto a Suiza para tratar de indagar en la denuncia hecha por un ex ejecutivo de la banca JP Morgan por movimientos de divisas a paraísos fiscales. El titular de la Fiscalía Nº9 solo presentó dos escritos en la Causa Nº9232/08, pero no solicitó ninguna indagatoria.
Marijuan, apenas dos días después de haberse hecho cargo del expediente que involucra al empresario cercano al kichnerismo, Lázaro Báez decidió su imputación en el expediente que investiga presunto lavado de activos. Su requerimiento no ahorró críticas a la unidad especializada creada por la Procuración General para criminalidad económica –PROCELAC– y para la Unidad de Información Financiera (UIF) por el enfoque inicial que habían dado a la investigación, que solo tuvo por imputados a los financistas Federico Elaskar y Lenardo Fariña. En el mismo movimiento sumó a la lista de imputados a Báez, su hijo Martín, el contador Daniel Pérez Gadín y Fabián Rossi, todos ellos mencionados por los dos financistas que se autoincrminaron en un informe emitido por el programa Periodismo Para Todos en maniobras para lavar dinero, presuntamente vinculado a la obra pública del empresario santacruceño.
