En la causa se investigan operaciones para sacar grandes sumas de dinero del país, a partir de la confesión de un ex ejecutivo del JP Morgan.
El juez federal Sergio Torres le pidió a la justicia de Suiza que informe si un extenso listado de empresas y empresarios argentinos poseen cuentas en el sistema bancario helvético. Lo hizo en el marco de una batería de medidas de prueba para avanzar en la causa en la que se investiga un presunto lavado de dinero denunciado por el ex ejecutivo del JP Morgan Hernán Arbizu, quien involucró a medio millar de firmas y personas en operaciones para sacar grandes cantidades de dinero del país. Tal como adelantó Tiempo Argentino, el juez aguardó en vano una respuesta por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre información reclamada a lo largo de los últimos tres años, relacionada a las supuestas actividades ilegales por las que Arbizu no sólo mencionó a sus presuntos clientes, sino que también se autodenunció como parte de esa maniobra.
El juez dispuso librar un “exhorto diplomático al juez competente con jurisdicción en la ciudad de Berna, dando cumplimiento a las previsiones contenidas en el Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal” entre ambas naciones, “a fin de que a través de alguna autoridad financiera central de control o por otros medios, pero en todo caso SIN la intervención directa del JP Morgan Chase Bank sucursal suiza, se informe si las cuentas bancarias que surgen del listado adjunto se corresponden a titulares de cuentas” en la filial helvética de la banca Morgan. La nómina con los números de cuenta y sus titulares fue acompañada por otro requerimiento internacional, de similar carácter, a las “autoridades judiciales con competencia en la Bailía de Guernsey, dependiente de la Corona Británica”.
Torres resolvió en las últimas horas “librar oficio a la AFIP a fin de que remita al tribunal un informe relacionado con la situación patrimonial, económica y financiera de las 469 personas físicas y jurídicas señaladas, desde el año 2001 hasta el presente, debiendo discriminarse los siguientes rubros: actividad, ingresos, bienes personales y situación patrimonial, especificando además si en la presentación anual correspondiente u otra pertinente, tales sujetos denunciaron poseer cuentas en el extranjero.
También la Unidad de Información Financiera (UIF) recibió un pedido para que “aporte un informe pormenorizado sobre la consistencia de la situación patrimonial y financiera de las 469 personas, en función de las disposiciones y exigencias de la Ley 25.246”. Esa norma, promulgada el 5 de mayo de 2000, durante el gobierno de la Alianza, establece el “deber de informar” las supuestas maniobras de “encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo”. Torres quiere saber si la filial local del JP Morgan “ha observado tales disposiciones y demás normas”, es decir si cumplió o no con la ley argentina.
