El juez Luis Rodríguez quiere saber si está activa la empresa que se radicó en un paraíso fiscal con un capital de 100 dólarEl juez Luis Rodríguez quiere saber si está activa la empresa que se radicó en un paraíso fiscal con un capital de 100 dólares y recibió présamos por 20 millones de JP Morgan.es y recibió pEl juez Luis Rodríguez quiere saber si está activa la empresa que se radicó en un paraíso fiscal con un capital de 100 dólares y recibió présamos por 20 millones de JP Morgan.résamos por 20 millones de JP Morgan.
El juez federal Luis Rodríguez pidió información al Reino Unido y a Estados Unidos sobre una empresa supuestamente vinculada con el Grupo Clarín, con un capital inicial de sólo 100 dólares y radicada en el paraíso fiscal del estado estadounidense de Delaware, que recibió préstamos de 20 millones de dólares provenientes de la banca JP Morgan. La causa se inició por denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la base de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de 2008. Según la documentación acompañada a la causa que investiga el juez Rodríguez, la empresa “GCSA Investments LLC” fue la beneficiaria del préstamo millonario entre 2008 y 2009, en simultáneo con la crisis internacional de las sub-primes, la caída de Lehman Brothers y las denuncias del ex ejecutivo de JP Morgan Hernán Arbizu sobre la forma en que empresarios argentinos sacaban clandestinamente dinero sin declarar del país.
Rodríguez busca saber si GCSA está activa, a qué rubro se dedica, y si tuvo aportes de capital además de detalles sobre su vínculo como cliente con el HSBC Bank USA sucursal Nueva York y el préstamo que, según la denuncia, recibió de JP Morgan.
De acuerdo con un informe disponible en el sitio de Internet <www.bolsar.com>, GCSA tiene domicilio legal en Walker Road 874, Suite C, Dover, Delaware. Su actividad principal es “inversora y financiera”, se constituyó el 23 de mayo de 2008 bajo el número 4.551.967 de la “División Corporaciones” del Estado norteamericano. Su “Sociedad controlante” es el “Grupo Clarín SA”, con domicilio legal en “Piedras 1743, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina”. El Estado de situación patrimonial especial al 31 de diciembre de 2012 indica (cifras en pesos) que su activo corriente trepa a 151.625.969, y el no corriente, a 176.423.727. El pasivo corriente es de 63.306.638, y el no corriente, 147.623.969, en ambos casos correspondientes a “préstamos”. El “patrimonio neto” indicado en ese informe es de 33.506.880 pesos.
El juez Rodríguez libró dos exhortos vía Cancillería y Ministerio de Justicia. En esa documentación, el magistrado aclaró que se encuentran bajo investigación el CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto; el vicepresidente del Grupo, Lucio Pagliaro, además de directores y síndicos. Rodríguez rechazó días atrás un pedido de la UIF para embargar los bienes de los imputados. Una decisión de esa naturaleza quedó supeditada a las respuestas que reciba de Gran Bretaña y Estados Unidos.
El juez busca determinar también la relación de GCSA pero con el Credit Suisse en Londres. Según el ROS que disparó la causa, fue ese banco el que otorgó un préstamo inicial por 20 millones de dólares, que fue cancelado con otro préstamo, por similar monto, concedido por el JP Morgan.
Rodríguez detalló que la investigación apunta a los delitos de “lavado de activos de origen delictivo” y “encubrimiento”, conductas que “podrían verse reflejadas en las maniobras y operaciones que se describieron a través de las que los responsables Grupo Clarín SA convirtieron aproximadamente ocho millones de dólares en acciones de una empresa del grupo”, mediante “la incorporación al circuito formal y legal de la economía Argentina del monto de dinero que se obtuvo del préstamo efectuado por el Credit Suisse International –sucursal Londres– a GCSA.”
La justicia argentina ya tiene una causa abierta por otras operaciones económicas supuestamente irregulares en las que aparecen mencionados directivos del más alto nivel del Grupo Clarín. La principal de ellas está radicada ante el juzgado federal de Sergio Torres, y se trata de la denuncia de Arbizu, quien aparece en esta historia como “arrepentido” del JP Morgan y es calificado por los directivos del Grupo Clarín como un “delincuente” y un “estafador”.
En aquella causa, a mediados de año el juez Torres dispuso una batería de medidas de prueba, muchas de ellas reclamadas a la Justicia de Suiza. Hasta ahora, los resultados fueron escasos.
Entre las maniobras investigadas en ese expediente figura un supuesto “agiotaje” cometido a través de la manipulación del precio de acciones compradas por las ex AFJP, que se desmoronaron en su precio poco después de la adquisición, perjudicando a miles de futuros jubilados. El juez Rodríguez consideró que aquellos hechos son diferentes de los que se investigan en su juzgado y por eso lleva adelante, en paralelo, esta causa.
Ex delegado de canal 13 entregó pruebas a Capitanich
El ex delegado de Canal 13, José Carbonelli, denunció ante el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que el plan de adecuación a la Ley de Medios, presentado por el Grupo Clarín, es una nueva patraña para incumplir la norma y se apresta a judicializar el proceso. Además le entregó las pruebas y fundamentos presentados en la justicia por los desfalcos millonarios cometidos en contra del Estado y los trabajadores por los dueños del multimedios y el ex presidente Carlos Menem al apropiarse irregularmente de la emisora.
El ex delegado del personal de ARTEAR, quien denunció penalmente al Ceo del Grupo Clarín Héctor Magnetto como fefe de la asociación ilícita, constituida junto a Ernestina Herrera de Noble, Lucio Pagliaro, José Aranda y el ex presidente Carlos Menem, por encubrimiento del delito de terrorismo de Estado para la apropiación irregular del Canal 13″, informó que en carácter de “víctima” del Grupo Clarín, entregó “una nota dirigida a Capitanich, denunciando que el plan de adecuación a la Ley de Medios, de división de empresas, presentado por dicho Grupo, es una nueva patraña para incumplir la norma y se apresta a judicializar el proceso”.
