El senador del FpV Marcelo Fuentes ratificó hoy que los jueces de la Cámara Civil y Comercial federal deberían ser sometidos a un “jury de enjuiciamiento” por “no apartarse” de la causa ante las denuncias que indicaban que estaban comprometidos por haber sido beneficiados por el Grupo Clarín y mal desempeño.
El jefe de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta aclaró que el jury no sería por prorrogar la medida cautelar que solicitó el Grupo Clarín contra la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, sino por el “no apartamiento de los magistrados cuestionados por una de las partes”.
Por ello, el senador de Neuquén aseguró en declaraciones a radio El Mundo que “podría perfectamente” abrirse el proceso para juzgar a los camaristas Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, pero explicó que “no sería un juicio político”.
Fuentes opinó que el fallo de los camaristas “básicamente pretende legislar en sentido negativo una norma aprobada en el marco de la democracia”.
“Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través de sus sentencias eso genera un conflicto de poderes que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio político”, reiteró.
Fuentes renovó sus críticas a los magistrados al señalar que “la totalidad de esa Cámara ha sido denunciada penalmente por el Gobierno de la Nación por el sistema irregular de rotaciones de jueces semanales, entonces no hay posibilidades de imparcialidad”.
“Si los jueces pretenden gobernar o legislar por sentencias es equivalente a que la Presidenta pretenda juzgar por decreto”, comparó.
En tal sentido, Fuentes reiteró sus críticas al fallo de la Cámara que prorrogó la medida cautelar del Grupo Clarín contra el artículo 161 de la Ley de Medios, referido a la desinversión.
Opinó que la norma “está siendo paralizada por la acción corporativa, una alianza, entre sectores conservadores de la Justicia y un grupo de poder fáctico en la Argentina”.
Consultado sobre si sus declaraciones podrían interpretarse como una “presión” a la Justicia, el senador kirchnerista señaló que sus declaraciones se enmarcan en las “atribuciones” que tiene como “senador, y producto del voto popular, y miembro del Consejo de la Magistratura”.
“Si denuncio irregularidades de un poder, que como consecuencia de mí denuncia ese poder corrige las irregularidades, si eso es presión, bienvenida la presión. O hay vacas sagradas ahora?”, planteó.
Por otra parte, el senador se refirió a los plazos para la resolución de la causa y explicó que “cuando la Corte habla de la brevedad, estamos hablando de los plazos de 40 días del Código de Procedimiento”.
“Si la cautelar se demora en el tiempo, evidentemente estamos en la situación que prevé la Ley de Reforma del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la gravedad institucional, que es la prolongación de la cautelar en el tiempo con graves efectos, que justifica la aplicación del per saltum”, detalló.
