La ruidosa y algo bizarra concentración que unas decenas de personas llevaron a cabo días atrás en la ciudad de Nueva York contra la presencia de la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, tuvo una semilla que resultaría por lo menos curiosa, si no se tratara de un enjambre de apellidos que conducen de forma indefectible a la última dictadura militar.
El cacerolazo en Nueva York, con estirpe golpista
Dos apellidos de porte “ilustre” entre la elite del derecho pro-dictadura, como Fuentes Vila y Benites sobresalen entre quienes organizaron la particular “caceroleada” realizada en Manhattan. De forma curiosa, o no, Fuentes Vila y Benites son apellidos que también se encuentran encolumnados junto a otros nombres de estirpe entre el procesismo local, como Martínez de Hoz, Grondona y Aramburu, nada menos que en el buffet de abogados PAGBAM (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arnsten & Martínez de Hoz), tristemente célebre por defender siempre el poder de las empresas, en contra del interés nacional.
Tomás Pérez Alati, presentado por el diario La Nación como “un becario de derecho” que estudia en Nueva York, dijo haber participado del cacerolazo por “la injusticia, la corrupción, la falta de división de poderes”. Nada casualmente el otro testimonio del diario preferido por la Sociedad Rural es el de Felicitas Fuentes Benítez, también presentada como “becaria”, quien dijo haberse movilizado para “apoyar a todos los argentinos que marcharon el 13 de septiembre y por la falta de libertades y la violación del derecho a la propiedad”.
El mencionado Tomás Perez Alati es hijo de Jorge Perez Alati, justamente uno de los hombres de peso de PAGBAM e histórico socio de fuertes estudios de abogados de los Estados Unidos. Pero la conexión con el poder económico de Pérez Alati no termina allí, ya que el apellido fue parte de la adquisición de Lan con el Grupo Perez Alati, empresa dirigida desde el bunker de la calle Heredia 1743 del barrio de Belgrano R por el coronel (R) Eduardo Pérez Alati, secundado por sus dos hijos (Jorge y Eduardo) abogado e ingeniero respectivamente.
En ese sentido, bien vale remarcar la investigación que se está realizando sobre el poderoso grupo dueño de LAN Argentina. La Inspección General de Justicia (IGJ) posó su vista sobre la operación de ingreso en el país de la aerolínea LAN Argentina, que después de tres meses de investigación, instruyó una demanda contra Aero 2000 -la empresa propietaria de la operación de LAN Argentina- por considerar que existió una simulación para cumplir con las leyes locales que exigen que la mayoría del capital esté en manos de socios argentinos.
El propio diario La Nación publicó en relación a la investigación que “la empresa elegida para la compra era Aero 2000, una sociedad que no tenía ningún tipo de operación comercial, pero que contaba en su activo con autorización para volar en varias rutas domésticas”.
En ese sentido, quedó en claro que los abogados Jorge Pérez Alati y Manuel Benites, socios del estudio PAGBAM, que informaron que serían los dueños del 51% de las acciones Aero 2000. Sin embargo, y citando otra vez a La Nación, la justicia “concluyó que si bien en la apariencia se guardaron las formas, en realidad la empresa pertenece a LAN Airlines”.
El CIADI contra la Argentina
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es una institución que forma parte del Banco Mundial con sede en Washington, y según se presume tiene como objetivo principal ayudar a la conciliación y arbitraje sobre disputas por inversiones entre Estados nacionales y empresas multinacionales de capitales privados. Sin embargo, en lo concreto el CIADI resulta ser una poderosa herramienta del capitalismo salvaje. Entre los casos más resonantes en los que intervino, se cuentan “El Paso Energy Internacional Company c/ República Argentina”, “Wintershall AG y Wintershall Energía SA c/ República Argentina”; “Enersis c/ República Argentina” y “Mobil Argentina S.A. c/ República Argentina”. En todos estos casos, los defensores de las empresas que accionaron contra nuestro país fueron el Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (h) y el estudio jurídico PAGBAM, es decir: Pérez Alati, Mariano Grondona (h), Benites, Arntsen, Martínez de Hoz (h), y el Dr. Pedro Eugenio Aramburu (h).
