La Cámara Federal porteña revocó este viernes la decisión a través de la cual el juez federal Ariel Lijo había aceptado como querellante al Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn). La secretaria general Marieta Urueña Russo sospecha de la medida: «Puedo ser mal pensada pero para mi aquí hay gato encerrado.»
La intervención de la Cámara Federal porteña se dio a partir de una apelación del fiscal Carlos Stronelli quien, además, ya se pronunció por el archivo de la causa y por el sobreseimiento del juez de la Corte suprema de Justicia, Carlos Maqueda, quien no estaba imputado.
El juez Lijo había aceptado a Sitraju como querellante en el expediente tras considerar que los supuestos ilícitos investigados podrían generar un menoscabo singular y concreto a esa organización y sus asociados, quienes aportan un 3 por ciento de sus haberes a la obra social, según surge del fallo judicial.
«Vemos que el juzgado realizó una apreciación subjetiva para darle entidad a la proposición sindical pero carente de todo soporte objetivo, ya que aun forzando su interpretación no se refleja puntualmente de qué modo podría invocar un menoscabo de esas características», sostuvieron los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.
«Partiendo de esa plataforma fáctica, no se evidencia una afectación real, directa, especial y singular de un interés o derecho que justifique otorgarle al gremio ese rol, más allá de que él pudiese considerarse damnificado de un hecho que se encuentra sometido a la jurisdicción», aseveraron en el fallo de 6 páginas.
La presentación para ser tenidos por querellantes había sido presentada en julio pasado por la secretaria General de Sitraju, Marieta Urueña Russo, y permitió que el expediente avanzara con propuestas de medidas de prueba aún cuando la fiscalía ya había promovido su archivo.
«Como autoridades recientemente electas y trabajadores del poder judicial, estamos preocupados por la situación actual de la obra social, que afecta directamente a los y las trabajadoras, vulnerando un derecho elemental como es el acceso a una salud de calidad», sostuvo Ureña Russo cuando se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py.
La presentación fue realizada en el marco de una causa en la que se investigan supuesto hechos delictivos que habrían tenido lugar en el marco de la contratación por parte de la OSPJN con «Empresa Emergencia Médica Integral SA» a partir del año 2008 y con la empresa «Farmadant SA».
El Sitraju rechazó la decisión del Tribunal con un comunicado titulado «La Cámara de la Impunidad pretende dejar sin representación a lxs trabajadorxs judiciales!» en el que califican como una «costumbre» de la Sala 1 a cargo de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Llorens de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA, rechazar al Sindicato de judiciales como querellante en la causa y adelantaron que van a apelar la medida: «Con la salud no se jode!»
De acuerdo a la denuncia que motivó la investigación, la empresa Emergencia Médica Integral SA no cumpliría los requisitos mínimos de capacidad operativa para brindar los servicios, mientras que Farmadant SA fue señalada como una empresa «fantasma» cuyos servicios serían brindados por empleados dependientes de la Obra Social.
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