La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) reclamó un boleto mínimo de $ 550 y advirtió que podría haber interrupción de los servicios en el interior del país. También amenazó con no pagarle a los choferes los aumentos fijados en paritarias. Fuerte presión sobre Javier Milei.
La entidad pidió terminar con las distorsiones y un sinceramiento tarifario y fundamentó el reclamo en «las actuales regulaciones que han llevado a las empresas a una situación de quebranto».
Según la FATAP, las regulaciones actuales «están generando pérdidas financieras para las empresas del interior, las cuales no pueden hacer frente a los aumentos de costos por encima del índice inflacionario».
La central empresaria pidió una tarifa unificada en todo el país «estimada en $550, contrastando con los actuales $60 en el Área Metropolitana de Buenos Aires y los $250 en las provincias, una cifra lejos del punto de equilibrio».
En un comunicado la entidad anuncia medidas de fuerza, incluyendo paros progresivos en el interior, afectando a más de 10 millones de personas «si no se resuelven las condiciones desfavorables».
«El Estado debe asumir su papel en la asistencia a aquellos que no pueden costear las tarifas, asegurando que el subsidio se dirija a la demanda, mientras se permite que la oferta trabaje sin distorsiones», señala el comunicado.
Agrega que «las decisiones políticas sin bases técnicas, ni sustento jurídico, han deformado el sistema en los últimos años, afectando gravemente a las empresas de colectivos del interior».
FATAP insistió en la necesidad de un sinceramiento tarifario y llamó al Estado a «recrear las condiciones económicas y financieras esenciales para evitar la descapitalización y garantizar una calidad de servicio adecuada para los usuarios».
Los transportistas consideraron que «las compensaciones tarifarias y las asistencias mediante tributos sociales solo sirven para simular ingresos insuficientes, mientras las empresas enfrentan riesgos, costos y responsabilidades legales sin la contrapartida del Estado».
Por último, la FATAP señaló que «este esquema de ficción impide cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, aguinaldos y otros costos laborales, así como la compra de combustibles y repuestos a precios dolarizados».
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