Todos los gremios vinculados a Vialidad Nacional fueron al Congreso a discutir el futuro del organismo en medio del vaciamiento de la gestión libertaria. El administrador, citado por diputados, faltó. «La orden del gobierno es destruir instituciones que funcionan», planteó Graciela Aleñá del Sindicato Trabajadores Viales.
Con el fin de abordar un debate sobre las obras paralizadas en el país y la situación de Vialidad Nacional, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados recibió este martes a funcionarios provinciales. Hubo duras críticas al Gobierno nacional y al secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, quien, junto al administrador de Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy, volvieron a ausentarse a la cita.
Estuvieron presentes todos los gremios vinculados a la actividad que expusieron su mirada sobre lo que ocurre en la institución. “No vinieron por cuestiones de agenda, pero la obra pública está parada… así que no sé cuál será la agenda”, cargó el legislador de Unión por la Patria.
Por su parte, Graciela Aleñá, la secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), calificó de “ajuste salvaje” lo que está realizando el Gobierno. Manifestó que “los funcionarios de Milei no vinieron a dar la cara a la Cámara de Diputados porque no tienen respuestas, lo único que quieren es destruir Vialidad Nacional, sin obras o mantenimiento”.
“Un papelón que demuestra que está dibujado y que la orden del gobierno no es debatir sino destruir instituciones que funcionan como la DNV, están contra los ciudadanos, son de lo peor”, disparó Aleñá.
“Lamento enormemente que no haya tenido la valentía de estar presente acá” planteó y agregó que “Campoy es cómplice de la malversación de fondos que ha hecho el gobierno con la plata que nos corresponde, que nos deben 340 mil millones de pesos de presupuesto del año 2024 y que no se asusta de que no le manden ni un peso de eso”.
La dirigente gremial afirmó que “están hablando desde un inicio de 1500 trabajadores para despedir de los 5200 que somos” para los “40 mil kilómetros de la red para hacer mantenimiento que tenemos”. En ese sentido, aseguró que “está todo ligado: el desfinanciamiento, decir que van a sacar el decreto ley 505 que da origen a Vialidad, decirnos que nos van a transformar en otro organismo en el que no saben qué vamos a hacer, que no podemos tener paritarias y que ni Obras Públicas ni Vialidad nos contestan las notas que presentamos”.
Para concluir, advirtió que “estamos volviendo en forma acelerada a un país unitario, donde cada provincia y cada ciudad se tenga que arreglar como pueda, si puede” y que, por ende, “hay pueblos que van a quedar aislados en poco tiempo”. Y cerró: “es una defensa que tenemos que hacer todos, que tiene que hacer el pueblo argentino, y que tenemos que pelear cada día para defender”.
Por su parte el secretario general de ATE – Vialidad, Pablo Zelaschi, caracterizó al contexto que atraviesa Vialidad como “gravísimo”, y cargó: “el 80% de las rutas se van a volver intransitables por este sistema de los 90 que ya fracasó, solo para favorecer a la patria contratista”.
En el mismo sentido, María Florencia Cañabate, secretaria general de SUTPA (Sindicato de Peajes) alertó sobre los despidos en el área y expresó: “Los trabajadores de Caminos del Río Uruguay serán despedidos el 9 de abril y sin derecho a indemnización”. “Fuimos a Vialidad y nos dijeron que no tienen competencia”, reclamó.
Por último Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina reiteró críticas contra Caminos del Río Uruguay y sumó: “Se va de Argentina después de 30 años, con las rutas destruidas porque nunca invirtieron un peso, pero sí clavaron doble cabina de peaje”. En esa línea apuntó contra el sistema de concesiones.
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