El gobierno bonaerense resolvió jubilar de oficio a 1500 docentes y 400 auxiliares. Tras la decisión de María Eugenia Vidal, los gremios docentes denunciaron violaciones al estatuto y amenazaron con ir a la justicia.

Según indicó el gobierno, la resolución apuntaría a la generación de vacantes en el servicio educativo, ya que obstaculizan las titularizaciones pendientes de larga data.

La resolución 204 de la cartera conducida por Alejandro Finocchiaro remarca que “el docente que alcanza los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia jubilatoria para obtener la prestación ordinaria o por edad avanzada, pierde el derecho a la estabilidad, pudiéndose disponer su cese por esa causal”

Por otro lado, las resoluciones 219 y 220 determinan que a partir del 30 de junio de 2016 se efectuará el cese de los auxiliares y docentes, quienes tendrán un plazo máximo de diez días corridos desde el 7 de junio en que se publicó la medida en el Boletín Oficial para presentar ante la Dirección Provincial de Recursos Humanos la documentación necesaria a fines de adherirse a los beneficios de la jubilación.

La secretaria de Jubilaciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Marina Mapelli, afirmó que en varios casos los ceses “violan el artículo 18 del Estatuto (del sector) que plantea que todo docente debe llegar a las máximas condiciones posibles para su jubilación y esto no ocurre”. Además, las entidades nucleadas en el Frente Gremial Docente planean un recurso de amparo en la Justicia.

Ante ese panorama SUTEBA decidió impulsar recursos de revocatoria: “En toda la provincia, los docentes van a la seccional de SUTEBA, retiran el recurso, y los presentan en la Secretaría de Asuntos Docentes”, comentó Mapelli a Letra P.