Por:
MARIANA BARANCHUK
Los abogados se turnaban para repetir un argumento en el que entrelazaban: la necesidad de economías de escala en mercados convergentes; la competencia desleal por parte de las telefónicas y de la TV satelital; la innecesariedad de la ley dado que bastaría con la ley de defensa de la competencia; así como la autoproclamación de ser los garantes de la libertad de expresión por considerarse la única voz disidente al gobierno.
Toca acá hipercondensar una respuesta a estos argumentos, muchos de los cuales ya han sido brillantemente expuestos: Los bienes que regula la Ley 26.522 son bienes culturales de base inmaterial, no pueden tener el mismo tratamiento que las meras mercancías porque son sustancialmente otra cosa. En ese sentido, defensa de la competencia no regula este tipo de bienes y, además, actúa luego de que las faltas se cometan, mientras que la LSCA impide que la concentración indebida se lleve a cabo.
Por su parte, el artículo 161 es una norma transitoria y específica. Se trata de una adecuación y no de una desinversión, ya que el valor de las transferencias quedan en manos de quien debió adecuarse incluyendo el tiempo extra que le otorgó el Decreto 527/05. Es falacia también que se beneficie a la TV satelital con una licencia nacional, ya que el tope del 35% del mercado las incluye, no pueden acceder a otro servicio y no prestan otros servicios de valor agregado. Lo referido a las telefónicas es irrelevante ya que la ley las excluye de la posibilidad de prestar servicios de comunicación audiovisual. Asimismo, estándares internacionales indican sobre el riesgo para la pluralidad y diversidad informativa que conlleva que quien posea el ducto sea, simultaneamente, el proveedor de los contenidos.
Las historias concretas sobre la materia referidas por la defensora del público Cynthia Ottaviano y por el representante de las Cooperativas, Miguel Villafañe, dan cuenta acabada de los impedimentos que este Grupo ha traído a los pequeños medios y a las audiencias. No se trata de la sustentabilidad económica de un Grupo de comunicación, se trata de la sustentabilidad de la democracia. Que profundas convicciones democráticas iluminen a la Corte.
