Los movimientos sociales decidieron hacer una nueva jornada de protesta nacional el 12 de marzo. Quieren salir a la calle con más fuerza -posiblemente haciendo cortes de ruta y de todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires- ante la grave situación que se plantea en los sectores populares, donde los ingresos no alcanzan para sostener la vida y el trabajo empieza a escasear. La salida a la calle volverá a ser conjunta y masiva, de la Utep con las organizaciones de izquierda. “Hoy lo que está en juego en los barrios es si se come o no”, señaló un referente que participó de la reunión en la que los movimientos acordaron la protesta.

Se juntaron el martes, en la sede de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, integrantes de todo el arco de las organizaciones sociales: la Utep, la Unidad Piquetera, la Coordinadora por el Cambio Social, también las agrupaciones territoriales de perfil kirchnerista y las de las CTA. No faltó nadie.  Esta coordinación tan amplia, que no se daba desde finales de los ‘90, se viene consolidando debido a que el gobierno de Milei le declaró la guerra a los movimientos sociales: no les da respuesta, dejó de ejecutar la mayoría de los programas de asistencia y lanzó una campaña de demonización contra las organizaciones.

Aunque el discurso oficial es que la asistencia ahora llegará de manera directa para “evitar hechos de corrupción” y que los planes serán reemplazados por programas que permitirán que los beneficiarios estén “preparados para conseguir empleo”, lo real es que los alimentos que la gente antes recibía a través de los comedores hoy no les llegan por ninguna vía. Hasta ahora, en política social lo único que ha hecho el gobierno nacional es aumentar los montos de la Tarjeta Alimentar y de la AUH; son medidas necesarias, pero que no alcanzan para paliar la gravedad de la crisis: la AUH y la TA llegan a dos millones 300 mil personas, cuando los pobres son 27 millones. Por otra parte, pasados tres meses de gestión resulta claro que el gobierno también camelea cuando dice que está cambiando los planes de asistencia en planes de empleo. Como muestra un informe del CEPA (Centro de Economía Política) sobre el uso del presupuesto, los programas de capacitación del ministerio de Trabajo tuvieron una ejecución cercana a $0, por lo que reportan caídas ceranas al 100 por ciento.  Por ejemplo, el presupuesto ejecutado del programa “Acciones de Capacitación Laboral” cayó a febrero de este año Milei un 93 por ciento en comparación con febrero del 2023, y el “Acciones de Empleo” un 80 por ciento.

La demanda más urgente de los movimientos sociales es la de alimentos, porque el ministerio de Capital Humano sigue sin mandarlos a los comedores y merenderos. Las cocineras se están arreglando con lo que aportan las intendencias o gobernaciones,  haciendo colectas entre vecinos y pidiendo donaciones a los comercios. En el Conurbano llega asistencia de la administración de Axel Kicillof, pero hay provincias, como Tucumán, donde a los comedores comunitarios nos les llega nada y están cerrando. Como se sabe, la cartera a cargo de Sandra Pettovello cortó los envíos en diciembre, y aunque firmó convenios con ongs religiosas -uno con los pastores de Aciera, la derecha evangélica, y otro con Cáritas-, la propia iglesia viene alertando sobre la falta de comida en los barrios. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Oscar Ojea pidió en estos días públicamente, en un reportaje, que se no discontinúe el envío de insumos a los comedores “existentes, que ya están trabajando” . “En el caso de que se quiera hacer un proceso de cambio, hay que hacerlo de otra manera, sin discontinuar”, remarcó el hombre de la iglesia al advertir sobre la magnitud de la crisis alimentaria.

Otra de las razones de la jornada de lucha son las bajas en el plan Potenciar. Este mes, el programa volvió a ser podado por Capital Humano. “Lo peor es que no hay ningún canal de diálogo para corregir los casos de bajas mal hechas”, contó a Página/12 Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán. “El ministerio no contesta el teléfono ni responde los mails y desactivó la página web para hacer reclamos. Antes, si a alguna compañera no le pagaban el Potenciar, teníamos cómo preguntar qué había pasado y presentar la documentación que faltaba. Hoy nadie responde”.

En los tres meses que lleva este gobierno de gestión fueron cancelados, según informó el propio Milei, 52 mil planes. En marzo sumó una tanda más, de la que todavía no se conoce el número total.

La referente consultada detalló  que “muchos casos son de compañeras inmigrantes que en los últimos tres años hicieron algún viaje a Perú o Paraguay para visitar a su familiares. El ministerio cruzó el padrón con las salidas registradas en Migraciones y dio de baja sus planes como si fueran ricas”.

También Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, se refirió a estas nuevas bajas: “Están tomando los registros (de Migraciones) desde 2020. La gente que tuvo que hacer un viaje a países limítrofes por razones familiares, porque tuvo un problema, un familiar enfermo, o por un fallecimiento, tuvo que cruzar, inclusive estando cerca porque vive en la frontera, les han dado la baja. Siguen sin mandar alimentos a los comedores y el monto del Potenciar Trabajo está licuado por la inflación. Por eso vamos a salir con todo”.

Razones

La decisión del gobierno de confrontar a todo o nada con las organizaciones sociales puede parecer fuera de toda lógica política. En los casi tres meses que lleva en la Casa Rosada, Milei aumentó el índice de pobreza al 60 por ciento, según el dato del Observatorio de la Universidad Católica. La consultora Isepci, vinculada a Libres del Sur, mide los precios en los comercios de cercanía de los barrios populares; registró que en el mismo período, en el Conurbano, los alimentos se encarecieron un 70 por ciento. Cualquier otro gobierno estaría convocando a las organizaciones sociales para mitigar el daño social provocado por su gestión económica ¿Por qué la ministra Pettovello hace todo lo contrario?

Una de las lecturas que hacen en los movimientos es que la apuesta del gobierno es extinguir las organizaciones sociales: cree que puede disolverlas. Señalan en este sentido que Federico Sturzenegger, autor de la Ley Bases, lo blanqueó. “Hay que empobrecer a los grupos de interés”, dijo el asesor del presidente días atrás, en una charla en la universidad de Harvard. Habló de “drenarles” los recursos.

Otra razón es el desconocimiento: los funcionarios de Capital Humano, dicen los referentes que se han sentado con ellos a negociar, desconocen por completo la realidad de los barrios y el tejido que sostiene la vida de millones de trabajadores informales. Las organizaciones sociales no sólo tienen comedores sino espacios de primera infancia y jardines comunitarios, hacen promoción de la salud, de urbanización, gestionan casas de acompañamiento para personas con consumos problemáticos y sostienen cooperativas de trabajo. Toda esa red depende de que el estado nacional les gire fondos. Cuando el ministerio de Capital Humano se los corta lo hace con el discurso de estar ajustando “a la política”, pero al que deja patas para arriba es al ciudadano que recibía esos programas: en su mayoría, mujeres jefas de hogar y niños.

El ajuste es brutal, inédito en su profundidad y Milei lo está haciendo incluso con programas financiados por organismos internacionales como el BID, al retener fondos aprobados y disponibles para comedores, así como para jardines de infantes comunitarios y espacios de cuidado de la primera infancia.