Luego del comunicado del gremio judicial que lidera Julio Piumato (CGT) en apoyo a la designación, desde la otra central obrera la Federación Judicial Argentina marcó diferencia.
La Federación Judicial Argentina (FJA) emitió un comunicado mediante el cual repudió «de manera categórica» la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
«Esta medida es manifiestamente inconstitucional, atenta contra el orden democrático y vulnera de manera flagrante el principio republicano de división de poderes consagrado en la Constitución Nacional», plantearon desde el gremio nucleado en la CTA.
La CTA salió a diferenciarse de la CGT sobre la designación de Ariel Lijo
El comunicado se da un día después que el gremio judicial que lidera Julio Piumato, de la CGT, emitiera una declaración en apoyo a la designación de Ariel Lijo.
«El artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional es inequívoco al establecer que el nombramiento de los jueces de la CSJN requiere no solo la propuesta del Poder Ejecutivo, sino la aprobación del Senado de la Nación mediante el mecanismo de acuerdo previsto expresamente. La norma dispone que el presidente “nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes”, plantea el comunicado y sostiene que «no existe en la Constitución argentina ninguna facultad que habilite al presidente de la Nación a designar jueces de la Corte Suprema mediante un decreto, mucho menos en abierta elusión del procedimiento constitucional establecido, las razones invocadas en la comunicación oficial no aplican en el particular ya que no se verifican las circunstancias previstas de receso del Senado o imposibilidad de funcionamiento de la CSJN».
«Esta nueva embestida de Javier Milei contra el orden constitucional se suma a una serie de acciones que revelan un desprecio absoluto por las instituciones democráticas, entre las que se encuentra el inconstitucional DNU 70/23 y la forma en la que fue aprobada la Ley de Bases, y que, junto con el escándalo del ‘criptogate’, constituyen causales evidentes para su remoción mediante juicio político», sostiene la FJA, sosteniendo que «así (Lijo y Mansilla) son partícipes directos de una violación a la Carta Fundamental y de un atentado contra la democracia».
«Ante la gravedad de los hechos, la Federación Judicial Argentina (FJA) llama a todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales a manifestarse de manera activa y contundente contra este atropello. No podemos permitir que, bajo ningún pretexto, se socaven los principios fundamentales de nuestra democracia», concluye el comunicado.
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