A pesar de que esta decisión tenga costos políticos, he decidido que tenemos que volver a hacernos cargo de la operación del subte”, dijo ayer el jefe de Gobierno Mauricio Macri en el Salón Blanco del Palacio Municipal, el mismo lugar donde ocho meses atrás había anunciado la anulación de la transferencia del Premetro y las seis líneas del tren subterráneo más antiguo de América Latina, que había aceptado en enero de manos del Estado federal. El duelo duró diez meses y fue una dura pelea pública y judicial con la Casa Rosada que, según anticipó el alcalde porteño, terminará el 1º de enero de 2013. Ese día su gestión ejercerá el control total del servicio, y el gobierno nacional dejará de poner los 360 millones de pesos que girará hasta fin de año para sostener el boleto a $ 2,50. En “los próximos días” Macri enviará a la Legislatura porteña un proyecto de ley para que el Poder Legislativo reglamente la forma en que la Ciudad Autónoma recibirá todas las potestades para administrar y controlar el metro porteño, concesionado desde 1994 hasta 2017 a la empresa Metrovías, del Grupo Roggio.
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Macri se hace cargo del subte
La ley no sería una, sino un paquete de normas firmadas por Macri, donde la comuna impulsaría el Plan B, que baraja la gestión PRO desde agosto, y que fue anticipado por Tiempo Argentino en su edición del 15 de octubre. El esquema utilizaría varias herramientas que posee el Estado capitalino, entre ellas, un aumento de la tasa de patentes de automóviles, el pago de un impuesto a los combustibles y el redireccionamiento de una mayor parte de los 400 millones de pesos anuales que la comuna recauda por los peajes de las autopistas porteñas, a través de AUSA, una empresa con dos accionistas: el gobierno porteño, que tiene el 95% del capital, y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, la empresa pública de la Ciudad que controla el 5% restante, además de poseer todos los bienes del subte.
