En diálogo telefónico con Télam, Caro indicó que el encuentro realizado en las oficinas del Palacio Legislativo “fue importante porque desde la Legislatura se impulsarán las leyes de expropiación caídas por inacción del Ejecutivo provincial”, y que en conjunto suman setenta, y totalizan alrededor de ocho mil trabajadores.
Entre las cooperativas figuran: Unión y Fuerza -la primera que en 2000 presentó quiebra- Lavalan, San Justo, La Basconia, Química del Sur, Textil San Remo, Astilleros Navales Unidos, Curtidores Unidos, Argypas, Frigorífico Bragado, Depormed, y Frigorífico Pedró.
Para Caro, la iniciativa de parte del vicegobernador permitirá “llevar un proceso de regularización de leyes”, que luego de su promulgación permitirá que el Estado provincial “pague las expropiaciones en curso y las cooperativas de trabajadores sean las dueñas de las empresas”.
“Estamos muy contentos porque la decisión de Mariotto va en relación directa con la política nacional de impulsar los proyectos de autogestión obrera”, expresó el abogado.
A su vez, Caro ratificó los términos de la denuncia penal presentada por la entidad por “fraude contra el Estado provincial” en el caso de la expropiación presuntamente irregular de la empresa metalúrgica Wasserman por un monto de 101 millones de pesos, superior al tasado en 26 millones.
