Los gremios que representan a trabajadores de distintos sectores del Estado cordobés se declararon en estado de «alerta y asamblea permanente». Es por la decisión del gobernador, Martín Llaryora, de no validar el acuerdo de incremento salarial que habían acordado hasta enero de 2024 con el entonces gobernador Juan Schiaretti.
La dirigencia de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) emitió un comunicado donde sostuvo que el Gobierno provincial notificó que los salarios de diciembre y de enero no se ajustarán por índice de inflación.
El sindicato docente recordó que el acta acuerdo se había firmado con las autoridades de la gestión provincial anterior el 21 de septiembre de 2023, por lo que, dijo, «los gremios estatales rechazamos esta medida que es absolutamente ilegal», y agregó que en esa línea se realizó una presentación ante el Ministerio de Trabajo local.
Entre los fundamentos de esa presentación los docentes provinciales exigen que «se intime al Gobierno a cumplir con el acta salarial, que fue el resultado de una conciliación obligatoria» convocada por el propio Ministerio de Trabajo, y que «proceda a liquidar los haberes al personal docente conforme los términos pactados».
Además solicita que instruya al Poder Ejecutivo a que «convoque a la brevedad a la Comisión Paritaria Salarial para determinar las escalas correspondientes a partir del mes de febrero del presente año».
En tanto titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, manifestó a los medios locales que la decisión del gobernador Llaryora advirtió que «si no se abre un diálogo real, la conflictividad se intensificará desde el 1° de febrero».
El sindicalista dijo que con todas estas medidas de ajuste los estatales tendrán «más descuentos que aumentos», al recordar que a esa decisión oficial de desconocer el acuerdo paritario se suman los incrementos a los aportes de la obra social estatal y de la Caja de Jubilaciones.
El principal referente de la Asociación Trabajadores del Estado local (ATE), Federico Giuliani, calificó como una «arbitrariedad e ilegalidad» la decisión del Gobierno provincial de «pulverizar la cláusula gatillo», al entender que fue plasmado en un acta oficial y que «desconocer ese acuerdo evidencia la precariedad de las garantías institucionales».
En Córdoba ATE tiene representación de trabajadores provinciales en un sector de la Salud, de la Educación, Polo de la Mujer y la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf).
La dirigencia de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) también se expresó en similares términos y exige la apertura de una mesa de diálogo para debatir todos los puntos que involucran a la salud pública.
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