“Nadie cuestiona las relaciones sociales, lo que no se puede hacer es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que completa la irregularidad es que al mismo tiempo que se daban estas visitas resolvían casos de enorme trascendencia”, opinó el viceministro de Justicia.
El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró este lunes que los jueces y fiscales que visitaban la Quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri luego “intervinieron para garantizar impunidad” del expresidente.
“Lo que ha tornado irregular esta situación es que estos jueces y fiscales intervinieron para garantizar la impunidad de Macri y son los espadachines de la persecución contra Cristina Kirchner y parte de su Gobierno”, evaluó Mena al hablar por radio La Red.
De este modo, Mena se refirió a las visitas de jueces y fiscales -entre ellos los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- a Olivos durante la presidencia de Macri.
“Nadie cuestiona las relaciones sociales, lo que no se puede hacer es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que completa la irregularidad es que al mismo tiempo que se daban estas visitas resolvían casos de enorme trascendencia”, indicó el funcionario.
Mena relató en este sentido un caso que lo involucra al recordar que está procesado “por el caso del Memorándum con Irán” y explicó que él era “funcionario del Ministerio de Justicia” y fue al Congreso “a dar las explicaciones”.
“Estas mismas personas que confirmaron mi procesamiento, si yo sabía que jugaban con Macri al paddle cada 15 días los hubiera recusado”, aseveró.
El viceministro de Justicia consideró que “la presión para estos jueces era muy grande” y “venía del propio Gobierno” de Macri.
“Creo que los partidos de paddle no eran una actividad meramente recreativa. Y sobre eso tendrán que dar explicaciones Borinsky y el propio secretario de Macri”
Sobre cómo debe seguir la investigación a partir de la conducta de estos magistrados, indicó que “en parte es la Corte Suprema la que debería intervenir, pero también tendrá que pronunciarse el Consejo de la Magistratura”.
Al ser consultado sobre si el Gobierno promoverá el juicio político de los magistrados que visitaban a Macri, Mena señaló: “Todavía no lo hemos analizado, pero lo que sí se van a impulsar son investigaciones administrativas y penales”.
“En el caso de Hornos -precisó- ya existe una investigación en curso en el Consejo de la Magistratura”.
Al referirse al camarista Borinsky, quien según los registros ingresó 15 veces a la Quinta de Olivos durante la gestión de Cambiemos, indicó que “deberían tramitarse las actuaciones administrativas”.
“Hay que recordar que el juicio político es el resultado de una investigación ante el Consejo y lo que yo creo es que tiene que haber una investigación y que tienen que dar explicaciones”, completó.
En este sentido, apuntó que “en el teléfono del secretario privado de Macri había una nota que decía `recordar hablar con Borinsky tema denuncia penal y administrativa´”.
“Por lo tanto, creo que los partidos de paddle no eran una actividad meramente recreativa. Y sobre eso tendrán que dar explicaciones Borinsky y el propio secretario de Macri”, apuntó.
En otro orden, y al ser consultado sobre la situación judicial de Milagro Sala y Luis D´Elía, Mena sostuvo que se ha “denunciado la irregularidad con la que se tramitaron causas en estos últimos cuatro años, en los que se detuvo gente sin justificación legal, dirigentes que no eran del agrado de Macri”.
Por último, ante una consulta, descartó que haya habido una suelta masiva de presos durante el año pasado al indicar que “en 2018 egresaron bajo todo concepto 13.200 personas del Servicio Penitenciario Federal”.
“Este número fue en 2019 del 15.200 personas, mientras en 2020 egresaron 9.108 personas. No existió ninguna suelta de presos, esa discusión es de una irresponsabilidad absoluta”, aseveró.
“Obviamente que hubo jueces que firmaron solturas anticipadas, pero porque correspondían por ley. Y luego podemos analizar casos concretos, pero no existió una política global de suelta de presos, eso es un disparate”, afirmó.
Asimismo, indicó que “el Poder Ejecutivo no dispone la libertad ni el apresamiento de nadie”.
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