Unos 30.000 profesionales del sector de tecnología de la información (IT) trabajan para el exterior y perciben ingresos en moneda extranjera, según la estimación de las empresas y clusters que operan en Argentina.
La iniciativa del monotributo tecnológico, que procura que estos profesionales puedan regularizar su situación financiera y tributaria, tuvo esta semana la media sanción de la Cámara de Diputados.
El ministro de Economia, Sergio Massa; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, celebraron la aprobación de la iniciativa como un «enorme paso hacia la regularización financiera y tributaria de los gamers y programadores freelance que cobran en moneda extranjera y que desean tener sus ingresos en la Argentina».
También el secretario general de la Asociación Gremial de Computación (AGC), Ezequiel Tosco, consideró positiva la media sanción que la Cámara de Diputados dio al proyecto de monotributo tecnológico y dijo a Télam que «esperamos que el Senado acompañe».
Explicó que la iniciativa «puede ordenar, registrar y blanquear una realidad que existe en el rubro y que hoy se encuentra en la informalidad; esto beneficia a trabajadores, que podrán justificar ante los organismos recaudatorios sus ganancias y podrán aportar a la seguridad social, y al Estado, que podrá disponer de esos dólares en el BCRA, cobrar los impuestos y administrar los aportes previsionales correspondientes».
Desde el sector privado, el director ejecutivo de Argencon, la entidad que agrupa a empresas exportadoras de servicios de la economía del conocimiento, Luis Galeazzi, cuestionó la medida porque crea «una gran asimetría salarial entre los que están bajo el monotributo, o sea, los trabajadores individuales y los profesionales empleados por las empresas».
«El monotributista individual vende sus servicios en un estado de creación de valor mínimo para la Argentina. La creación de valor mayor para el país la hacen las empresas que trabajan orgánicamente, generan proyectos, innovación, que están en la frontera del conocimiento», agregó.
Un reciente comunicado firmado por cámaras, polos informáticos y clusters de empresas, indicó que «si bien aún no hay datos oficiales, se estima que unos 30.000 profesionales del sector IT hoy trabajan para el exterior como consecuencia del incentivo que genera la posibilidad de cobrar en moneda extranjera».
Coincidieron en que la «fuga de talentos del rubro tecnológico pone en evidencia una situación muy compleja y difícil de resolver en el corto plazo: la falta de competitividad para las empresas locales de contratar y retener a sus talentos como consecuencia de la brecha cambiaria».
También manifestaron entender que el monotributo tecnológico «busca que los freelancers formalicen su actividad pero, sobre todo, lo que busca es que ingresen las divisas que con tanta urgencia necesita el país. Esto se conseguiría siempre y cuando un número significativo de freelancers se inscriban en este nuevo régimen y acepten traer las divisas que generan en el extranjero».
El monotributo tecnológico es una herramienta para quienes haya percibido por su trabajo para empresas del exterior entre US$ 10.000 y US$ 30.000 en los últimos 12 meses.
La iniciativa aprobada por Diputados genera una categoría de monotributo para «trabajadores individuales» que exportan servicios al exterior, y los requisitos para acceder al mismo son residir en Argentina, ser persona humana y con ingresos en los últimos meses inferiores o iguales a US$ 30.000 en los últimos doce meses.
La medida prevé tres categorías: la primera para quienes hayan tenido ingresos iguales o inferiores a los US$ 10.000, otra por hasta US$ 20.000 y la tercera por hasta US$ 30.000 anuales.
De acuerdo a la categoría elegida, podrán cobrar hasta ese monto sin tener que liquidar las divisas en el Mercado Libre de Cambios, explicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.
Para el Gobierno, la medida «promueve el trabajo registrado con acceso a obra social y aportes jubilatorios; amplía la recaudación de divisas; no tiene costo fiscal; y se posiciona como una medida inclusiva que aumenta los derechos entre las y los exportadores de conocimiento al exterior».
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