El presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, es uno de los jueces con más denuncias en la Magistratura. Tiene siete en trámite. Ayer, presentó por escrito ante ese organismo su descargo en dos de los expedientes (53/13 y 239/12), que podrían derivar en un pedido de juicio político. Se le sindica relacionarse con la Triple A e integrar el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, donde revistó como personal civil durante la dictadura, entre otras cuestiones como “mal desempeño” o “maltrato laboral”. Se trata de una acusación similar a la imputación penal por la que tendrá que prestar declaración indagatoria mañana en los Tribunales bahienses, acusado por crímenes de lesa humanidad, adelantó Tiempo Argentino.
Montezanti rechazó ayer los cargos en su contra. Arguyó que nunca formó parte de la Triple A –calificó de calumniosa la acusación- y volvió a recusar a integrantes del Consejo de la Magistratura. El camarista se defendió argumentando que varias de las denuncias no pueden prosperar porque fueron juzgadas y archivadas en 2007 y 2008.
“Muera la pena de muerte”, destacó quien en otra etapa histórica del país no dudó en vivarla. “Esto es una materia que no resulta relevante para esta causa”, se defendió.
Luego desarrolló su respuesta a las acusaciones de “fobia antisindical” y “maltrato al personal”. En lo que respecta al primer punto dijo que fue “letrado de confianza de Hugo Moyano”. Al final, desarrolló su situación académica, ya que el 19 de agosto fue suspendido en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. La decisión del Consejo Superior es hasta tanto se realice un Juicio Académico, que pueda determinar su expulsión definitiva.
Ocurre que Montezanti está imputado penalmente por “haber formado parte” de la Triple A.Entre las acciones que perpetró el grupo comandado por José López Rega se encuentra el homicidio del dirigente estudiantil David ‘Watu’ Cilleruelo, en abril de 1975 en la sede de la UNS.
Como espía civil prestó servicios en el Destacamento 181 del Ejército, entre 1981 y 1982. Según sus fojas de calificaciones, se desempeñó como “asesor universitario”.
Para el camarista de Bahía Blanca, las denuncias en su contra en la Casa de Estudios son “una reiteración de una acusación” hecha por “los mismos acusadores”. Dijo que ninguno de esos cargos se relacionan con la cuestión judicial. Lo que no dijo es que la Cámara Federal que encabeza tiene a su cargo la revisión de causas por violaciones a los Derechos Humanos pero él está excusado de intervenir en ellas. Incluso fue denunciado por obstaculizarlas.
El 3 de septiembre, tras analizar su descargo, la Comisión de Acusación y Disciplina de la Magistratura resolverá si da curso al juicio político. Para ello, se necesita mayoría absoluta. De lograrlo, el paso siguiente para la eventual destitución se dará en el plenario del día 10, cuando se debe reunir dos tercios de los votos para darle curso.
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