El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Marcos Escajadillo, renunció hoy a su cargo. Si bien se desconocen los motivos, la dimisión se da luego de la detención del comisario Hugo Tognoli, ex jefe de la Policía provincial, por sus vínculos con el narcotráfico y coimas que se investigan en esa provincia. Lo reemplazará Matías Dribet.
Marcos Escajadillo junto a policías de la Provincia de Santa Fe.
Escajadillo, que en los hechos se desempeñaba como viceministro de Seguridad, fue director de Defensa Civil de la Municipalidad, titular de la GUM, luego fue a Protección Civil pero de la provincia, y con la llegada de Bonfatti lo designaron en el Ministerio de Seguridad como número dos de el ex ministro Leandro Corti primero y de Raúl Lamberto después.
Su reemplazante, Matías Dribet, es abogado, profesor de derecho penal en la Universidad Nacional del Litoral. Antes de ser designado en el Registro Civil fue un estrecho colaborador de Lamberto en la Legislatura provincial.
Los cambios se formalizarán esta tarde en la ciudad de Santa Fe, donde también se anunciará que Ana Viglione, hasta ahora titular de la Dirección de Control de Agencias Privadas de Seguridad, quedará al frente de la Secretaría de Control de Delitos Complejos.
Comunicado de la oposición
Mediante un comunicado, los legisladores de todos los bloques que integran el Frente para la Victoria – PJ se refirieron a la renuncia de Tognoli y su supuesto vínculo con el narcotráfico. Tras calificarlo como el “hecho más grave en la historia de la policía santafecina”, también criticaron el accionar de Bonfatti en esta “gravísima situación institucional” y le pidieron que “esté a la altura de las circunstancias”.
Como legisladores de la oposición y siendo mayoría en ambas Cámaras de la Legislatura, solicitaron con urgencia la presencia del Ministro de Seguridad para recabar información y así poder interiorizarse de la investigación a fin de aportar eventualmente herramientas que sirvan al diseño de una nueva política de seguridad.
Los funcionarios manifestaron que la responsabilidad de conducir a las fuerzas de seguridad de la provincia, desde la designación de sus cúpulas, hasta el contralor de su desempeño, corresponde exclusivamente al Gobernador, quien realiza esta función a través de su Ministro de Seguridad.
Por ello, sostienen que “la posible vinculación de la máxima autoridad policial con el narcotráfico, la trata de personas con fines de explotación sexual y cualquier otro delito, pone al descubierto la impericia del Poder Ejecutivo Provincial en la conducción de las Fuerzas de Seguridad”.
“Requerimos al señor Gobernador de la Provincia a que se ponga a la altura de las circunstancias, deje de buscar excusas, asuma la responsabilidad que le compete y reconozca que el crecimiento exponencial del delito de tráfico de drogas en la provincia es consecuencia directa de la falta de una política de seguridad y de control de la policía durante los últimos cinco años de gobierno del Frente Progresista”, sostuvieron.
