El artículo de hoy de Clarín y el titular del AFSCA, Gabriel Mariotto.
Nuevamente el Grupo Clarín volvió a usar su diario para accionar a favor de sus intereses económicos. Esta semana el titular de AFSCA y flamante vicegobernador electo, Gabriel Mariotto, volvió a reclamar la vigencia el arículo 161 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y desde Clarín le respondieron con una embestida mediática. Justamente porque ese ítem de la ley es el que establece un plazo para que las empresas hagan su desinversión ya que la ley limita la cantidad de licencia en manos de una misma empresa. Este es el artículo que da espiritu a la ley: el que evita la monopolización de la comunicación social.
Así lo expresaba hoy Clarín bajo el titulo “Siguen las presiones de Mariotto a la Justicia”: “Son conocidas las presiones de Gabriel Mariotto sobre la Justicia para que falle a favor del Gobierno en el aspecto más controvertido de la ley de medios, que es el artículo 161, que desconoce el plazo de las licencias vigentes. Esta semana lo hizo dos veces: primero reclamó a la Corte Suprema que le ponga plazo a una cautelar que ya lo tiene. Y después sumó una inédita presión, al involucrar a dirigentes bonaerenses en su cruzada contra Clarín”.
Las supuestas “presiones” de las que habla Clarín no es otra cosa que el reclamo para que una ley que fue aprobada democráticamente en el Congreso de la Nación sea puesta en completa vigencia. Y el involucramiento no es más que una expresión del senador electo Emilio López Muntaner quien le dijo a Télam que “Bruera (intendente de La Plata) se comprometió en apoyar el reclamo que el gobierno y la sociedad viene haciendo hace tiempo para que se ponga en plena vigencia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
En ese mismo artículo se sostiene que el Grupo Clarín afirma que es “el Gobierno el que dilata permanentemente el proceso judicial, con el objetivo que se agote el plazo de la medida cautelar y el juez no llegue a dictar sentencia sobre la causa de fondo”, explicó Damián Cassino, abogado de Grupo Clarín. Y agregó: “Hay una actitud dilatoria del Estado, que dos veces pidió la incompetencia del juez Carbone y otras dos reclamó que se levante la cautelar, para que el expediente siga girando, vaya y vuelva permanentemente a Cámara”.
Sin embargo, semanas atrás, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, sostuvo que la ley audiovisual “es para que todo el mundo la cumpla, incluso los monopolios”, y cuestionó al juez Edmundo Carbone, quien hizo lugar a las medidas cautelares de Clarín para postergar la aplicación de la norma. Lejos de lo que sostiene Cassino, Mariotto no quiere “dilatar” la resolución sino que quiere que se eliminen las cautelares para que se cumpla de una vez la ley y que se termine la connivencia entre empresarios y jueces.
“Desconozco cómo es la matriz de organización de la justicia, es posible que sea plausible (Carbone) de juicio político”, dijo Mariotto al ser entrevistado por radio Continental. “El gobierno no se pelea contra Clarín, el gobierno no tolera los monopolios, porque los estados democráticos no pueden convivir con el monopolio”, aclaró Mariotto.
Como hace tres días, el vicegobernador bonaerense, volvió a retomar el tema públicamente, Clarín retomó su práctica de hacer uso de su diario para continuar la lucha para desoir la nueva ley. “Estamos confiados en el texto de la ley, hicimos las presentaciones del caso para que el juez Carbone se expida sobre la cuestión de fondo. Esas cautelares lo que hacen es ganar tiempo para que el monopolio siga operando de la forma a la que ha sido mal acostumbrado, porque los gobiernos no han tenido el peso específico”, añadió.
“Los jueces de Cámara ya rechazaron el planteo oficial para levantar esta medida y fijaron hasta el 17 de diciembre de 2013 el plazo para que el juez Carbone mantenga la cautelar y dicte su fallo de fondo” finaliza el artículo Clarín. Habrá que esperar la respuesta oficial, si el gobierno acepta esta medida que le otorga 2 años más de plazo a Clarín para que siga sin cumplir la ley democrática de Medios.
